Recientemente, en un medio local se deslizó la idea de que el Perú se encuentra en la “trampa del ingreso medio”, que se refiere a las economías que, una vez que alcanzan un ingreso anual per cápita entre los US$ 4,000 y US$ 12,700, se desaceleran y les cuesta seguir creciendo, porque les resulta difícil competir con países industrializados. Para argumentar este punto, se sostenía que nuestro país no contaba con “nuevos motores” económicos que lo hicieran menos dependiente del desempeño de la minería y los precios internacionales. Así, se llegaba a la conclusión de que, por el hecho de no continuar con el afamado Plan de Diversificación Productiva, estaríamos condenados a permanecer en dicha trampa. Al respecto, nos preguntamos: ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Qué políticas serían necesarias para salir de “la trampa del ingreso medio”?

La clave está en las reformas y en las instituciones

Dado el desastre en materia económica que generaron una serie de políticas intervencionistas en los años 60, 70 y 80, en la década del 90 nuestro país optó por las llamadas “reformas de primera generación”, que contenían un conjunto de políticas orientadas a lograr un equilibrio macroeconómico, como reforma tributaria y reducción del déficit fiscal, independencia del Banco Central y flexibilidad del tipo de cambio, liberalización comercial, promoción de la inversión privada y reformas en el sistema financiero y pensionario. Fue a partir de la adopción de tales políticas que nuestro país avanzó muchísimo en lo que a generación de bienestar se refiere. Como resultado, somos testigos de 18 años de crecimiento ininterrumpido, con una reducción de la tasa de desempleo hasta un 6.7% en 2016 y la caída en la tasa de incidencia de la pobreza del 42.4% en 2000 al 20.7% en 2016. Esto solo demuestra que se optó por el camino correcto.

No obstante, a propósito de la desaceleración económica mundial, diversos analistas alzaron pluma y emitieron una serie de comentarios que apuntaban hacia buscar nuevos “motores” y ser menos dependientes de las materias primas (golpeadas en su momento por los menores precios internacionales), para asegurar un crecimiento sostenido de nuestra economía. Inclusive, el Gobierno anterior apostó por un grupo de sectores productivos que eran los llamados a constituir esos “nuevos motores”, en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, lo mejor que salió de dicho plan fue el nivel de diálogo y articulación entre los principales actores del sector público y privado para cada uno de esos sectores, donde se promovieron cambios o mejoras normativas para promover el desarrollo de determinadas industrias.

¿Qué es lo que realmente se debería hacer?

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), las políticas que llevaron a los países a crecer y desarrollarse hasta alcanzar un ingreso medio, no pueden ser las mismas para convertirse en un país industrializado de ingresos altos. Así, el BM muestra los casos de Singapur y Corea del Sur, los cuales pudieron desarrollarse aún más de la mano de una política orientada a mejorar las instituciones de sus países, para lo que invirtieron fuertemente en educación e innovación, es decir, dieron el siguiente paso en lo que se conoce como las “reformas de segunda generación”.

En ese sentido, si bien el Perú viene avanzando respecto a la eliminación de barreras burocráticas (una muestra de ello es haber reducido el número de días necesarios para exportar de 22 en 2005 a 4 en 2016[1]), los casos de corrupción, que debilitan la institucionalidad y el crecimiento de toda economía, se presentan como la principal tara para nuestro desarrollo. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, nos ubicamos en la posición 101 de 176 países, en lo que a lucha contra la corrupción se refiere.

A diferencia de lo anterior, en lo que respecta a inversión en educación, hemos registrado avances. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el gasto público en educación creció un 202% desde el año 2000, aunque representó solo un 4% del PBI en 2015 (según cifras del BM), por debajo del promedio latinoamericano (5.2%) y de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE (5.3%). Por otro lado, en cuanto al gasto en investigación y desarrollo, este fue de apenas un 0.2% del PBI, mientras que el promedio de los miembros de la OCDE fue de poco más del 2%.

Entonces, más allá de buscar “nuevos motores” de la economía, lo que requieren países en desarrollo como el nuestro, que ya alcanzaron cierto nivel de madurez, para asegurar un crecimiento sostenido y mayor bienestar de su población, es apostar por las mejoras institucionales, asegurar un marco normativo promotor de la inversión en todos los sectores de la economía, invertir más en educación (no solo en infraestructura, sino también en calidad educativa) y establecer políticas de Estado en el tiempo, para que lo ya avanzado no se tire por la borda. Recordemos que el fin último de toda política pública está en la reducción de la pobreza, y sin un impacto en ello no habrá “motores” que valga la pena desarrollar.