La modificación al reparto de utilidades intenta abordar la desigualdad existente en nuestro país alterando el esquema de compensación dentro de las empresas, sin criterio técnico alguno. Una medida que mezcla compensación laboral y política redistributiva, con eventuales efectos adversos.

El Congreso aprobó en primera votación el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1644/2021-CR y 2117/2021-CR, que modifica el cálculo de reparto de utilidades y amplía el porcentaje asignado a los trabajadores del sector eléctrico. La votación se realizó con solo 78 congresistas presentes, lo que evidencia la falta de un debate técnico y riguroso sobre los impactos de esta medida. Si bien el objetivo declarado es reducir la desigualdad entre trabajadores, esta reforma desnaturaliza el reparto de utilidades al trasladar una problemática estructural a un esquema de compensación empresarial, con riesgos concretos para la productividad, la formalidad y la sostenibilidad de servicios públicos esenciales.

La norma cambia el actual esquema de reparto, que hoy se distribuye en partes iguales entre días trabajados y remuneración. La nueva fórmula, de aplicación progresiva hasta 2034, establece un reparto del 75% en función de los días efectivamente trabajados y solo un 25% según remuneración. En paralelo, se eleva el porcentaje de reparto en el sector eléctrico industrial, del 5% actual al 10% en 2030, y se alineará con sectores como minería o telecomunicaciones.

Ambos cambios tienen como justificación combatir la desigualdad, propósito expresado en el dictamen. La desigualdad es una realidad persistente en el Perú, pero intentar corregirla mediante de una ley sobre utilidades no solo es ingenuo, sino completamente equivocado. Las utilidades no son una herramienta de política redistributiva, sino un mecanismo empresarial que recompensa la contribución efectiva del trabajador al desempeño de la empresa.

Esta reforma desnaturaliza ese principio. Al priorizar los días trabajados sobre la remuneración, se incentiva la presencia física por encima de la productividad o el mérito, lo cual distorsiona los incentivos laborales. Peor aún, puede inducir a las empresas a ajustar los salarios a la baja, aumentar la carga laboral sin compensación adicional o reducir la contratación de personal, lo que afectaría directamente a quienes se busca beneficiar.

Intentar resolver un problema estructural mediante un mecanismo mal diseñado no solo es ineficaz, sino también contraproducente para el trabajador. Además, su alcance es muy limitado: en 2023, tan solo 295,595 personas recibieron ingresos por concepto de utilidades laborales, lo que representó apenas un 1.7% del total de empleos registrados, según la Encuesta Nacional de Hogares, con lo cual no constituye un instrumento idóneo para corregir desigualdades de ingreso a nivel nacional.

En el caso del sector eléctrico, el aumento del porcentaje de reparto busca equiparar condiciones con otras industrias, pero ignora que se trata de un servicio público esencial. Hoy, las utilidades en este sector se reinvierten en expansión de redes, programas sociales y subsidios para zonas rurales. Elevar el reparto podría comprometer estos recursos o trasladar el costo al usuario final. Lejos de cerrar brechas, la medida podría frenar inversiones, reducir cobertura y afectar a los peruanos que aún no acceden a este servicio básico.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) enfatiza que los sistemas de participación en las utilidades deben diseñarse cuidadosamente para evitar desincentivar el esfuerzo individual y asegurar que reflejen la verdadera contribución de los trabajadores al éxito empresarial. Estudios han demostrado que este sistema ha llevado a mejoras en la productividad y la satisfacción laboral de los empleados.

No existe un estándar único en cuanto al porcentaje de utilidades a repartir o la fórmula de distribución (como 50/50 o 25/75) en los países desarrollados. La tendencia es hacia sistemas flexibles que buscan equilibrar la equidad y la productividad, y se adaptan a las particularidades de cada contexto nacional. En un país con baja productividad, como el Perú, reformar las utilidades debería apuntar a premiar el mérito, no solo a “beneficiar” a unos pocos por ley.

Un sistema de reparto de utilidades más adecuado debería partir de criterios que reconozcan la contribución real del trabajador, sin perder de vista la sostenibilidad empresarial. Una alternativa razonable planteada por Horizonte Laboral sería mantener el esquema actual de porcentaje por sector, pero modificar la fórmula de distribución interna al 75% en función de la remuneración —como medición de productividad— y el 25% según días trabajados. Este enfoque permitiría alinear incentivos, premiar el mérito y conservar el sentido original del mecanismo.

La reforma al reparto parte de una intención legítima, pero termina distorsionando el mecanismo que intenta corregir. En lugar de mejorar la equidad, puede debilitar los incentivos al esfuerzo, encarecer el empleo formal y comprometer servicios esenciales como el eléctrico. Si el objetivo es combatir la desigualdad, el camino no es desnaturalizar un instrumento legal orientado a reconocer la retribución laboral, sino fortalecer las políticas públicas en salud, educación, transporte y empleo. Redistribuir mejor no es repartir igual.