El Ranking de Competitividad Mundial, publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial de Suiza (IMD, por sus siglas en inglés), evidencia la falta de gobernanza actual en el Perú. 

Desde hace 36 años, el Ranking de Competitividad Mundial (WCR, por sus siglas en inglés) realiza un análisis exhaustivo en materia política, social y cultural, que permite a los países compararse entre sí para evaluar su desempeño en estas áreas. En la última edición, el Perú alcanzó el puesto 63 de 67 economías que participaron en el estudio, lo que significó un retroceso de ocho puestos con relación a 2023. Y son 32 puestos más si se compara con 2008, cuando logró su mejor resultado (puesto 35 de 55). 

El WCR evalúa cuatro pilares principales: el desempeño económico, el impacto de la eficiencia del gobierno en la competitividad, la percepción empresarial sobre el entorno nacional, y la adecuación de los recursos básicos y tecnológicos a las necesidades empresariales. Lamentablemente, el Perú mostró una caída en cada uno de estos aspectos para esta edición, superando solo a países africanos, Venezuela y Argentina. 

El pilar correspondiente a eficiencia del gobierno mide en qué medida la política contribuye a aumentar la competitividad. Con 34.1 puntos sobre 100, el Perú ocupó la posición 55, un descenso de cinco posiciones con respecto al año anterior y de 28 si se compara con 2012, año en que logró su mejor posición (puesto 27 de 59). Este resultado representa la segunda peor calificación para nuestro país en este pilar desde que forma parte del WCR.  

Este indicador se mide a través de cinco factores: finanzas públicas, política tributaria, marco institucional, legislación para los negocios y marco social. Históricamente, la política tributaria (puesto 30) es la que más contribuyó al progreso del país en este aspecto. Sin embargo, en el último año se registró una caída de seis puestos con respecto al año anterior. 

El país con mejor desempeño en este aspecto fue Suiza, con 90 puntos, y consolidó su posición por tercer año consecutivo. A este le siguieron Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes y Dinamarca. Estos países reflejan un marco institucional fuerte, solidez en sus finanzas públicas, eficacia en políticas tributarias y económicas, y la implementación efectiva de políticas públicas, lo que consolida a estas economías como un entorno favorable para los negocios y la inversión extranjera. 

En la región, Chile reafirmó su posición como el líder, con el puesto 30. Sin embargo, cuatro países de la región ocupan los últimos lugares: Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina, siendo este último el de peor desempeño gubernamental reportado en esta edición. En ese sentido, los principales desafíos que enfrentan estas economías están ligados a fortalecer el marco regulatorio y la administración pública, generar confianza en las instituciones públicas y apoyar la estabilidad económica, así como un mejor clima de inversión. 

En cuanto al Perú, el factor que más explicó su resultado se encontró en el marco social (referente a problemas de crecimiento equitativo y seguridad), que ha mostrado un deterioro constante. En este aspecto, pasamos del puesto 26 en 2008 al puesto 60 en 2024. Esto se puede atribuir al incremento de la pobreza monetaria (29%) y multidimensional en los últimos años (ver Semanario 1208), y al fracaso del Estado en combatirla. El aumento de las brechas y el descontento generalizado serían consecuencias directas de este fenómeno. 

Otro factor perjudicado en la última década es el referente a finanzas públicas, el cual cayó del puesto 15 al 36 entre 2008 y 2024. Esto se debió a problemas en la gestión de la deuda pública y la eficiencia del gasto (ver Semanario 1207).

Estos resultados dejan en evidencia la necesidad de un enfoque integral para mejorar la gobernanza. Algunas medidas importantes son simplificar los procesos administrativos y regulatorios que faciliten la inversión privada, potenciar la Comisión de Seguimiento de Inversiones y las Mesas Ejecutivas del MEF, así como las herramientas de mejora regulatoria y de eliminación de barreras burocráticas, a cargo del Indecopi, entre otras.