La percepción internacional sobre la transparencia y la integridad del sector público en el Perú va en declive. A pesar de las dificultades para medir la corrupción, la falta de capacidades de gestión pública y transparencia ofrecerían una aproximación a nivel nacional. 

El pasado 11 de febrero se publicó la edición del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) correspondiente al año 2024, elaborado por Transparencia internacional. Este clasifica las economías según la percepción de corrupción en el sector público. 

La corrupción engloba actividades ilegales ocultas intencionalmente y que solo salen a la luz mediante escándalos o investigaciones, por lo que no existen indicadores para medirla de manera objetiva. Ante esto, el CPI utiliza 13 fuentes[1] de datos que recogen la evaluación de organizaciones, expertos y ejecutivos empresariales sobre conductas corruptas en el Gobierno, como sobornos, desvío de fondos públicos o nepotismo. Adicionalmente, se evalúa la capacidad gubernamental para hacer cumplir mecanismos de integridad y prevención, la carga burocrática y el exceso de trámites, y la existencia de leyes de transparencia y acceso a la información. 

El Perú alcanzó el puesto 127 entre 180 economías y comparte lugar con Yibuti (África Oriental) y Papúa Nueva Guinea (Oceanía). Esto se traduce en un retroceso de 6 posiciones con respecto a la edición anterior (ver Semanario 1195). Este resultado se explicaría por el incremento de fraudes en contrataciones públicas, fruto de la debilidad institucional, según el CPI. A esto se le suma la mayor percepción de sobornos y malversación de fondos públicos, según el Instituto para el Desarrollo Gerencial y el Foro Económico Mundial. 

Este declive nos posiciona en desventaja frente a otros países de la región. En este ámbito, Uruguay lideró por decimotercer año consecutivo al ocupar el puesto 13 del ranking. Destaca por sus instituciones sólidas y su gestión transparente de la información, que protegen al país de la polarización y el populismo, según el CPI y la Unidad de Inteligencia de The Economist. A este le siguieron Chile (puesto 32), Colombia (92), Argentina (99), Brasil (107) y Ecuador (121). 

Solo superaríamos a Bolivia (puesto 133), Paraguay (149) y Venezuela (178). Este último registró un desempeño comparable con Somalia y Sudán del Sur, economías de ingresos bajos de África Oriental. Estos países sufrirían severas crisis institucionales, lo que daría como resultado un deterioro generalizado de la gobernabilidad, la economía y la calidad de vida de sus ciudadanos. 

LA FALTA DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ALIENTA LA CORRUPCIÓN

Como se mencionó, no existe una unidad de medida adecuada para la corrupción. En cambio, este problema respondería a factores como la falta de canales de transparencia y capacidad del Gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad, según el CPI. 

En el Perú, la mayor deficiencia en capacidades técnicas y administrativas se concentraría en los Gobiernos subnacionales (regionales y locales), según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En 2024, el 67.1% de las municipalidades declaró necesitar capacitación sobre control gubernamental (atención de auditorías y control interno) y el 65% requirió capacitación sobre la formulación y evaluación de proyectos públicos. 

El patrón se repite en torno a otras nociones clave, como en la disponibilidad de acceso a la información y la carga burocrática, según el INEI. Sobre esto, el 66% de las municipalidades expresó su necesidad de capacitación en temas de gestión de estándares para mejorar la atención al ciudadano, mientras que el 64.1% afirmó necesitar capacitación sobre metodologías de implementación de portales de transparencia.

Consiguientemente, la mayor incidencia de actos de corrupción ocurriría en los Gobiernos subnacionales, según la Contraloría General de la República. El Gobierno local del Callao sería el que más perdió por culpa de la corrupción, ya que sumó S/ 258 millones de perjuicio en 2023, lo que equivale al 24.3% de su presupuesto público de aquel año, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. A este le siguieron los Gobiernos locales de Moquegua (S/ 135 millones; 14.8%) y Ucayali (S/ 93 millones; 12.1%). 

En el ámbito regional, el Gobierno de Tumbes perdió más recursos públicos a causa de la corrupción, pues sumó S/ 159 millones de perjuicio, equivalentes al 19.4% de su presupuesto público en 2023. Otros Gobiernos regionales con altos porcentajes de pérdidas por corrupción fueron Tacna (S/ 183 millones; 18.2%) y Ucayali (S/ 295 millones; 18%). 

Erradicar la corrupción requiere de instituciones sólidas, libertad de acceso a la información y sanciones efectivas para los funcionarios desleales. No pretendamos ser un país en desarrollo si los servidores públicos anteponen sus intereses personales al bienestar común.

[1] Reporte de Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales 2023 del Banco Africano de Desarrollo, Indicadores de Gobernanza Sostenible e índice de transformación de Bertelsmann Stiftung 2024, Servicio de Riesgo País de la Unidad de Inteligencia de The Economist, reporte Nations in Transit 2024 de Freedom House, Calificaciones de Riesgo País de Global Insight 2023 de S&P, Encuesta de Opinión Ejecutiva 2024 del Anuario de Competitividad Mundial del IMD, Consultoría de Riesgo Político y Económico de Asian Intelligence 2024, Guía Internacional de Riesgo País 2024 del Grupo PRS, Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales 2022 del Banco Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 2024 del Foro Económico Mundial, Encuesta de Expertos sobre el Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, Índice Variedades de la Democracia 2024 de V-Dem.