Al cierre del primer semestre de 2024, los resultados de la inversión pública en los Gobiernos subnacionales dejan mucho que desear. Preocupa el avance de los sectores con mayor presupuesto, como transporte, salud, educación y saneamiento. 

Se han invertido S/ 22,444 millones hasta junio de este año, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si bien esto representa un 23.7% más con respecto al mismo periodo de 2023, solo refleja un avance del 33.7% del presupuesto total asignado para 2024. 

Es decir, está pendiente la ejecución de más del 65% del presupuesto para construir carreteras, escuelas, centros médicos, defensas ribereñas, conexiones de desagüe, etc. 

GOBIERNOS REGIONALES

En el primer semestre del año, los Gobiernos regionales (GORE), en conjunto, han ejecutado el 35.7% del presupuesto asignado a inversión pública. Los GORE con peor desempeño son el Callao (20.4% de ejecución), la Municipalidad Metropolitana de Lima (16.5%) y Áncash (14.6%). 

Transporte, salud y educación, los sectores con mayor presupuesto, tienen niveles de ejecución por debajo del 40%, con 37.7%, 39.6% y 33.2%, respectivamente. En transporte, la situación es especialmente preocupante en la Municipalidad Metropolitana de Lima (17.2%), el GORE Amazonas (14.1%) y el GORE Lambayeque (12.4%). 

Por otro lado, en el sector salud, cinco Gobiernos regionales han ejecutado menos del 15% de su presupuesto destinado a proyectos: Piura (13.4%), Arequipa (13.1%), San Martín (12.8%), Lambayeque (11%) y La Libertad (9%). En el sector educación, los GORE con peor nivel de ejecución son Lambayeque (15.2%), Callao (7.4%) y Áncash (6.3%). 

GOBIERNOS LOCALES

Los Gobiernos locales han logrado ejecutar solo el 32.5% del presupuesto destinado a inversión pública. En particular, cabe resaltar que los sectores transporte, saneamiento y educación, que son aquellos con mayor presupuesto, tienen niveles de ejecución del 34.3%, 28.8% y 29.6%, respectivamente. 

En el sector transporte, los Gobiernos locales de Lambayeque, Pasco y Huánuco presentan los menores niveles. Al primer semestre, solo han ejecutado el 19.7%, 16.9% y 16.7% de su presupuesto, respectivamente. 

En el sector saneamiento, el peor resultado lo tienen los Gobiernos locales de Pasco, con un 4% al cierre del primer semestre. Otros seis Gobiernos locales presentan niveles por debajo del 20%: Madre de Dios (19.9%), Piura (19.8%), Loreto (19%), Lambayeque (18.6%), Huánuco (17.8%) y Tacna (16.1%). 

Esto es especialmente alarmante en el caso de Loreto, Madre de Dios y Huánuco porque, al cierre de 2023, tienen al 52.7%, 44.7% y 44.5% de su población, respectivamente, sin alcantarillado, según el Informe de Evolución de la Pobreza Monetaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En el sector educación, los Gobiernos locales con peor nivel de ejecución son Ayacucho (11.7%), Amazonas (9.8%) y Huánuco (8.8%). La situación de Huánuco es particularmente negativa, pues, como se explicó en el Semanario 1212, el 64.1% de los locales educativos en ese departamento están en riesgo de colapsar.  

La situación descrita es bastante negativa, aunque no sorprendente. La ejecución de proyectos públicos es una gran debilidad de los Gobiernos subnacionales. Por un lado, no tienen el nivel de especialización necesario para manejar las diferentes áreas de su cartera; por otro, la cantidad de obras a cargo de estas instituciones puede sobrepasar sus capacidades, debido a personal limitado, falta de oficinas de gestión de proyectos y la recepción constante de nuevos proyectos. Esto obliga a elegir qué obras cumplirán su presupuesto anual y cuáles serán postergadas. 

Como resultado, las autoridades no pueden enfocar todos sus recursos y esfuerzos en cada proyecto a la vez, lo que lleva a un bajo porcentaje de ejecución. La combinación de estos factores crea una gran brecha entre lo que se espera de las autoridades subnacionales y lo que realmente pueden hacer. 

El Estado debe resolver este dilema, pero no transfiriendo más dinero, sino mejorando la capacidad de los Gobiernos subnacionales para utilizar lo que ya tienen, así como establecer acciones de promoción y corrección en la administración de los recursos públicos. Es tiempo de implementar premios o castigos para las distintas jurisdicciones a nivel nacional. El costo de no ejecutar obras lo paga la población, que no termina accediendo a servicios públicos de calidad.