El pasado 30 de enero fue presentada la nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) correspondiente a 2023, publicado por Transparencia Internacional. Este indicador se elabora desde 1995 y mide las percepciones de corrupción en el sector público mediante la evaluación de expertos y ejecutivos empresariales a lo largo de 180 países. Con una puntuación de 33 sobre 100, el Perú alcanzó la posición 121 en esta oportunidad, una caída de 20 posiciones con respecto a la obtenida en 2022 (puesto 101) y de 35 posiciones si se compara con la obtenida en 2014 (puesto 85). 

El CPI evalúa nociones como el número de comportamientos corruptos registrados en el sector público (sobornos, malversación de fondos o tráfico de influencias, entre otros), así como los mecanismos disponibles para prevenir la corrupción (como la existencia de leyes adecuadas), todo esto para dar un veredicto. No obstante, no todos participan en la evaluación de cada uno de los 180 países participantes. En el caso del Perú, ocho evaluadores se encargaron de determinar su puntaje y posición actual en el ranking. 

Entre los cambios que afectaron el retroceso que reportó nuestro país se encuentran los resultados en corrupción financiera (referente a pagos especiales y sobornos relacionados con licencias de importación, exportación, controles cambiarios, evaluaciones fiscales, protección policial o préstamo), según la Guía del Riesgo País Internacional del grupo PRS; y en delitos de soborno y malversación de fondos, según el proyecto Variedades de Democracia de la Universidad de Gotemburgo, el Instituto V-Dem y la Universidad de Notre Dame. 

Otros factores que explican el desempeño del Perú en el CPI son los abruptos cambios de Gobierno registrados entre los años 2017 y 2022 (6 en total), con cinco expresidentes bajo investigación. Además, se menciona que la participación cada vez mayor de una coalición mayoritaria del Congreso de la República en el sistema de justicia es motivo de preocupación, al igual que la presunta presencia del crimen organizado en los propios partidos políticos. Asimismo, se critica el hecho de que reformas como la modernización del servicio público, la mejora del régimen de integridad pública y una mayor autonomía de la autoridad de transparencia hayan sido postergadas u obstaculizadas. 

El primer lugar del índice lo ocupa Dinamarca, debido principalmente a su historial de buenas prácticas y solidez en su sistema político. En la región, Uruguay fue el país con mejor desempeño de toda América Latina, alcanzando la posición 16, con 73 puntos, y superando incluso a países desarrollados como Francia (20.° lugar) o EE. UU. (24.° lugar), esto por la efectividad de su sistema de pesos y contrapesos institucionales. Otros países con un desempeño positivo fueron Chile (29.° lugar) y Costa Rica (45.° lugar). Cabe mencionar que el Perú alcanza la posición 23 de 32 países del continente americano participantes del estudio, y solo supera a países como Venezuela (177.° lugar), Honduras (154.° lugar) y Bolivia (133.° lugar). 

Los resultados obtenidos se ven directamente reflejados en nuestro desempeño económico, no solo en la pérdida de institucionalidad y credibilidad por parte del Estado, sino en múltiples obras obstaculizadas en los procesos de negociación, contratación o ejecución. Sobre esto, una aproximación a nivel nacional viene dada por el ultimo Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), elaborado por la Contraloría General de la República. 

En 2022 estimó un perjuicio de S/ 24,419 millones por actos de corrupción, casi cuatro veces el presupuesto público destinado a proyectos de saneamiento en 2023 a nivel nacional (S/ 6,335 millones). Cusco se destaca como el departamento con el mayor impacto negativo con un total de S/ 1,601 millones en perjuicios. En contraste, Madre de Dios figura como el departamento con menores perjuicios, al registrar solo S/ 98 millones.

Desde ComexPerú, enfatizamos que la corrupción es uno de los principales obstáculos que socavan la confianza en las instituciones, distorsiona la competencia y ahuyenta la actividad empresarial. Es imperativo abordar estos desafíos para fomentar un ambiente propicio que permita el crecimiento sostenible y la inversión, a fin de promover la estabilidad y el progreso económico. Asimismo, es obligación de las autoridades el anteponer los intereses de la ciudadanía antes que los propios o partidarios. Para tal fin, enfatizamos la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales que limiten la incidencia de actos de corrupción.