La reciente tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo ha dejado una profunda herida en las familias de las víctimas y en toda la sociedad peruana. En primer lugar, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida y nuestra solidaridad con los heridos que hoy luchan por su recuperación. Ninguna palabra puede aliviar el dolor que sienten, pero como sociedad debemos responder con empatía y responsabilidad. 

En medio de la comprensible conmoción, es fundamental que este lamentable suceso no sea utilizado como una plataforma para impulsar retrocesos normativos que, lejos de prevenir futuras tragedias, generarían un clima de inseguridad jurídica y desincentivarían la inversión. No podemos permitir que el dolor se convierta en una excusa para que algunos congresistas busquen derogar la Ley 31914, que ha demostrado ser beneficiosa para que empresas de todos los tamaños eviten el cierre arbitrario y abusivo de sus locales comerciales. Las normas que promueven la formalización y la continuidad de los negocios no deben ser satanizadas por un hecho que, si bien es doloroso, requiere un análisis profundo y sereno de las causas reales que lo provocaron. 

Hoy en día, son varios los centros comerciales, supermercados y otros locales clausurados, muchos de ellos de forma desproporcionada, lo que ha dejado sin trabajo a muchas personas (locatarios y proveedores, la gran mayoría micro y pequeños empresarios) y en plena campaña escolar. 

Lo ocurrido debe servir como un llamado de atención para mejorar el marco legal relacionado con las inspecciones de edificaciones en el Perú. Es necesario abandonar la idea simplista de otorgar mayores competencias a las municipalidades, que han demostrado de manera reiterada su ineficiencia y falta de capacidad para fiscalizar adecuadamente. En lugar de concentrar el poder en instituciones que no han estado a la altura, se debe impulsar mejoras que garanticen inspecciones técnicas rigurosas, independientes y transparentes. 

Desde una visión centrada en las personas, es urgente que las políticas públicas prioricen la seguridad ciudadana sin comprometer el desarrollo económico. Para lograrlo, es imprescindible aplicar herramientas de mejora regulatoria que permitan evaluar la eficacia de las normas vigentes y, de ser necesario, ajustarlas de manera técnica y basada en evidencia. Asimismo, es fundamental abrir un debate público amplio e informado sobre cómo optimizar el sistema de inspecciones, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales y fomentando mecanismos de colaboración público-privada. 

El dolor de las víctimas merece una respuesta responsable y efectiva, no reacciones apresuradas que agraven los problemas existentes. La solución no pasa por aumentar la burocracia o debilitar las condiciones que permiten la actividad empresarial, sino por crear un entorno en el que la seguridad y el desarrollo coexistan de manera armónica. Es momento de actuar con prudencia, firmeza y compromiso, pensando siempre en el bienestar de las personas y el futuro del país.