La semana pasada, se dio a conocer que la Contraloría General de la República habría detectado un perjuicio equivalente a S/ 1,115 millones por la demora en la contratación de servicios y ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios de la nueva refinería de Talara. Sumado a ello, durante los últimos días, hemos sido testigos de la interrupción en la prestación del servicio de agua potable en el distrito de San Juan de Lurigancho. Este hecho genera aun mayor preocupación en un contexto como el que atravesamos, en el que el agua es un bien necesario para la higiene y la prevención de la COVID-19. Estos acontecimientos nos permiten preguntarnos, una vez más, ¿qué ocurre con la prestación de servicios públicos y la ejecución presupuestal estatal? ¿Cuál es el rol que el Estado debería asumir?

En primer lugar, es importante resaltar que, según el principio de subsidiariedad definido en la Constitución Política del Perú, el Estado puede realizar actividad empresarial cuando la iniciativa privada no está en condiciones de hacerlo. Un ejemplo de ello es prestar ciertos servicios en alguna zona rural o de difícil acceso en la que, desde el punto de vista privado, la inversión no es rentable, pero es necesario proveer dichos servicios a la población.

Así, este principio prohíbe que el Estado participe en actividades empresariales que pueden ser provistas de manera más eficiente por el sector privado, de manera que el sector público enfoque sus esfuerzos en aspectos esenciales para el bienestar de la población.

En segundo lugar, es importante considerar la experiencia previa y reconocer las lecciones que esta deja. El desempeño de las empresas públicas durante los años 70 acumuló pérdidas que ascendían a US$ 46 millones, que tan solo en una década se multiplicaron por 54 al sumar unos US$ 2,481 millones, equivalentes a un 10% del PBI (ver Semanario 1030). Además, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el desempeño de las empresas públicas durante los últimos años tampoco ha sido positivo. En particular, destaca el caso de PetroPerú, que acumuló pérdidas por más de S/ 13,000 millones entre 2011 y 2020.

En tercer lugar, la experiencia internacional también deja lecciones que se deben considerar. El caso del sector hidrocarburos, en el que las compañías estatales son propietarias del 73% de las reservas mundiales, aproximadamente, demuestra una ineficiente administración pública. Un estudio realizado por Christian Wolf, de la universidad de Cambridge, analizó 90 empresas petroleras entre 1987 y 2006, y encontró que una empresa pública promedio emplea un 71% más personal, pero produce un 18% menos que una empresa privada con el mismo nivel de activos. Por otro lado, investigadores del Banco Mundial concluyeron que, en mercados concentrados, la promoción de la competencia privada es un requisito indispensable para lograr mayor productividad y eficiencia en la operación de las empresas.

Uno de los problemas persistentes en la administración pública es que muchos de sus organismos no cuentan con una adecuada gestión que asegure la correcta administración de los recursos. Además, no existen los incentivos suficientes que impulsen la rentabilidad, algo que sí ocurre en una empresa privada. De esta manera, una empresa estatal puede funcionar acumulando pérdidas económicas. Según el IPE, la ineficiencia de empresas públicas se explica por interferencia política en la toma de decisiones, la falta de incentivos para la administración y supervisión, y la falta de competencia, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en que participa.

Es importante evidenciar el mal uso de recursos públicos, pues la ineficiencia genera pérdidas económicas. Estos recursos podrían ser destinados a cubrir otras necesidades de suma importancia. Un ejemplo de ello es que el perjuicio económico ede la Nueva Refinería de Talara hubiera alcanzado para cubrir todo el presupuesto asignado al programa nacional de saneamiento urbano en 2020. Así, en términos de costo de oportunidad, existen proyectos y demandas ciudadanas importantes que podrían ser atendidas con el perjuicio económico derivado de las ineficiencias estatales, por lo que, como ciudadanos, debemos ser exigentes con las autoridades sobre el destino de los recursos de todos los peruanos.

Finalmente, es importante que el Estado garantice los derechos ciudadanos y ejerza su rol subsidiario cuando la situación lo amerite. Este principio de subsidiariedad ha permitido sostener el crecimiento económico de los últimos años. Si bien persisten brechas sociales y económicas, el Estado no debe confundir esto para asumir un rol empresarial, sino dar las condiciones para que la iniciativa privada opere en un determinado sector y promover la competencia para mejorar la eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos.