Hace mucho quedó claro que el motor del desarrollo económico en el Perú es la inversión privada. Sin embargo, desde el Congreso continúan surgiendo propuestas para ampliar la presencia del Estado en actividades empresariales. 

Bajo banderas de “soberanía nacional” o “justicia social”, muchos congresistas (con muy pocas excepciones), constantemente, presentan proyectos de ley que buscan acrecentar la actividad empresarial del Estado. Peor aún, buscan limitar y hasta prohibir la inversión privada en determinados sectores. 

Lo vemos cuando pretenden prohibir actividades mineras en cabeceras de cuenca, mediante la creación de empresas estatales para producir y comercializar cobre, litio y uranio; cuando solicitan derogar normas que permiten la asociación público-privada en el sector de agua y saneamiento; o cuando imputan responsabilidad al sector privado por las falencias en el abastecimiento y provisión de medicamentos y servicios de salud por parte del sector público, entre muchos otros temas. ¡Y, paralelamente, se pretende eliminar el régimen del servicio civil! 

A diferencia de otros Gobiernos, hoy no vemos a un Ejecutivo que le haga frente con firmeza a estas propuestas erróneas y desfasadas. 

La actividad económica pública y la privada no son excluyentes. La participación conjunta es esencial para abordar desafíos como el acceso a educación, salud e infraestructura de calidad. A través de herramientas estratégicas, como las asociaciones público-privadas o las obras por impuestos, el Estado debe aprovechar la experiencia y los recursos del sector privado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Eso es lo que importa al final. Ese es el objeto y fin del Gobierno. Y la empresa privada es un componente esencial para cumplir ese fin. 

El sector privado desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social del Perú. A través de la inversión, la generación de empleo y la innovación, las empresas privadas contribuyen al crecimiento sostenible del país. Sin embargo, para maximizar su impacto, es crucial que el Estado promueva una mayor colaboración entre el sector público y el privado. 

La empresa privada es un motor de crecimiento económico. Las inversiones realizadas por empresas mineras, agrícolas, manufactureras y de servicios impulsan la economía, generan empleo y recaudación tributaria. Además, la competencia entre empresas fomenta la eficiencia y la mejora continua, en favor de los consumidores. 

Por otro lado, el Estado debe crear un entorno favorable para la inversión privada. Esto implica simplificar trámites burocráticos, garantizar la seguridad jurídica y promover la competencia y la innovación. 

Las falencias ocurridas recientemente en relación con empresas públicas, como Petroperú, Córpac y empresas de agua y saneamiento (EPS) son un claro ejemplo del modelo que debemos dejar atrás.  

Con miras a una necesaria y seria evaluación para continuar con el proceso inconcluso de privatización de empresas públicas, urge que en el corto plazo se dispongan medidas para que el sector privado pueda ayudar a mejorar la gestión pública. 

La empresa privada, de todo tamaño, es un pilar fundamental para el desarrollo del Perú. El Estado debe promover una mayor participación público-privada para aprovechar al máximo el potencial de ambos sectores y lograr el crecimiento inclusivo y sostenible que todos los peruanos necesitamos.