De un total de casi 200,000 proyectos públicos a nivel nacional, la Contraloría General de la República (CGR) identificó que un 12% tiene un alto riesgo de no terminarse o de gestionarse inadecuadamente[1]. En el caso de los Gobiernos regionales, este porcentaje fue del 22%. La CGR estimó estas cifras por medio del Índice de Riesgos en la Inversión Pública (IRI), una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para identificar riesgos en la programación, ejecución y posterior administración de cada proyecto. 

El IRI utiliza 24 indicadores que miden cuántos riesgos presenta un proyecto en la actualidad. Por ejemplo, si han pasado más de tres años desde la declaración de viabilidad hasta que se inició la ejecución de la obra, se suma un riesgo. Cada indicador, luego, recibe un peso y puntaje, tras lo cual el proyecto se sitúa en una escala del 0 al 100 y se clasifica en tres rangos: bajo, medio y alto riesgo. 

De esta forma, el IRI detalla que existen 24,370 proyectos en la clasificación de alto riesgo, los cuales representan una inversión de S/ 251,296 millones. Los Gobiernos regionales agrupan 3,787 proyectos de alto riesgo, con una inversión de S/ 68,050 millones, mientras que los Gobiernos locales poseen 18,628 proyectos en dicha categoría, que involucran S/ 66,430 millones de inversión. 

A nivel de Gobiernos regionales, Puno cuenta con el mayor porcentaje de proyectos con riesgo alto. Tacna y Cusco completan los tres primeros lugares, todos con un porcentaje mayor al 30%. En el extremo opuesto tenemos los Gobiernos regionales de Amazonas, Ica y Loreto, con un poco menos del 14% de sus proyectos en un nivel de riesgo alto. 

El orden varía si nos enfocamos en el monto de inversión. El Gobierno regional de Junín es el que posee el mayor monto en obras de alto riesgo, con S/ 6,167 millones. El Gobierno regional de Arequipa, que solo tiene un 14.3% de sus proyectos en esta categoría, posee el segundo mayor monto de inversión comprometido, con S/ 6,049 millones[2]. Y en tercer lugar está el Gobierno regional de Cusco, con S/ 4,692 millones. 

En cuanto a sectores, en los tres Gobiernos regionales con mayor porcentaje de proyectos de riesgo alto sobresale el de educación. El Gobierno regional de Puno cuenta con 203 proyectos de dicho sector en el nivel más alto de riesgo, el 70% del total; el Gobierno regional de Tacna con 44 y el Gobierno regional de Cusco con 54. 

El segundo sector con mayor porcentaje de alto riesgo varía por institución: en el Gobierno regional de Puno es transportes, con 28 proyectos; en Tacna, agropecuario, con 24; y en Cusco, saneamiento y salud, empatados con 23. 

Finalmente, veamos cuáles son los proyectos que presentan mayor riesgo en cada Gobierno regional. En Puno, se trata de la construcción del puente carrozable San Marcos-Sandia. El proyecto fue declarado viable en 2005, pero en 19 años no hubo ninguna asignación de presupuesto para ejecutarlo, por lo que tampoco registra avance. Además, el Gobierno regional no ha registrado ningún tipo de información del proyecto, por lo que se desconoce su estado actual. 

El caso más riesgoso de Tacna, de mejoramiento de los sistemas de información, conectividad y redes del Gobierno regional, es un caso similar. Es un proyecto con viabilidad desde 2004 sin ejecución ni información extra disponible. 

En cambio, el proyecto más riesgoso del Gobierno regional de Cusco, de mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la institución educativa 51037 Virgen del Carmen, en el distrito de San Jerónimo, sí cuenta con ejecución. Sin embargo, presenta múltiples riesgos; su inversión fue subcosteada, no tuvo presupuesto en cuatro años, su presupuesto programado en 2024 es mucho mayor a lo efectivamente asignado, ha estado paralizado pese a que está cerca de llegar al 100% de ejecución, su finalización debía haber ocurrido en 2019, entre otros. 

El IRI transparenta cómo las entidades públicas gestionan sus proyectos, algo usualmente difícil de conocer. Por eso mismo, tiene un gran potencial para ser utilizado por los hacedores de política a la hora de tomar decisiones, realizar ajustes y darles vuelta a situaciones insostenibles. De los datos revisados, por ejemplo, se desprende como necesaria una intervención del Ministerio de Educación en los Gobiernos regionales de Puno, Tacna y Cusco. Esperemos que este tipo de acciones se tomen, en beneficio de los peruanos.

[1] Con datos al 1 de marzo de 2024.

[2] Esto se debe a la presencia del proyecto Majes Siguas II, que posee una inversión de S/ 2,449 millones.