El fenómeno de El Niño costero ha puesto en evidencia problemas que se caían de maduros, pero que ningún Gobierno ha tenido la voluntad de atender. Desde la falta de un plan de prevención de desastres, articulado con los diferentes niveles de gobierno, hasta la evidente carencia de capacidades de numerosas autoridades regionales y locales, y la falta de un plan de urbanización en zonas de alto riesgo. Es urgente tomar acciones contundentes. Resolver estos problemas no será fácil y se requiere liderazgo técnico, y sobre todo político, para realizar importantes reformas de una vez por todas.

Por un lado, desde hace décadas convivimos con mafias vendedoras de terrenos en zonas de alto riesgo que terminan engañando a familias de bajos recursos, en complicidad con autoridades inescrupulosas que permiten el otorgamiento de derechos de propiedad sobre los mismos. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención, y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 7 millones de personas se ubican en zonas de riesgo. El derecho de posesión de terrenos en zonas de riesgo no mitigable es ilegal, como bien lo señala el Ejecutivo en un proyecto de ley recientemente remitido al Congreso, y las autoridades regionales deben ser responsables de velar por ello y, de no cumplirlo, ser severamente sancionadas. Es claro, además, que el Estado debe proveer facilidades para reubicar a dichas familias en zonas más seguras, y esta es una tarea grande que no puede esperar más.

Por otro lado, para la ejecución de las obras del Plan de Reconstrucción se requiere simplificación administrativa, agilización de procesos (incluyendo preparar paquetes de obras) y normas que velen por el cumplimiento de los estándares de calidad. En este sentido, el sector privado puede y debe cumplir un rol activo a través de mecanismos como Obras por Impuestos o del propuesto sistema “obra por terrenos”, que busca su colaboración en el encauzamiento de ríos para generar nuevos terrenos, que serían parte de la retribución de la inversión, lo que sin duda sería bien recibido por los empresarios. Procesos más simples y ágiles, y mejores proyectos atraerán, sin duda, a mejores operadores para las obras.

Por último, las autoridades regionales y locales requieren apoyo en ejecución. Para ello, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) tendría un rol subsidiario, en el sentido que, si un Gobierno local no tiene capacidades, la obra la desarrollará el Gobierno regional, y si este no puede, el Gobierno nacional. Es clara la incapacidad de algunos Gobiernos locales y regionales, y esto es consecuencia de un proceso de descentralización que no fue bien hecho. Ahora toca enmendar el error.

Tenemos un Gobierno que está tomando el toro por las astas en problemas que aquejan a nuestro país desde hace varios años. Todas las fuerzas políticas responsables con el país deberían ser parte de #UnaSolaFuerza para reconstruir un país con cambios.