Según datos de la Contraloría General de la República, a junio del presente año, existen 2,428 proyectos de inversión pública programada que no reportaron avances en su ejecución física por al menos seis meses. Solo con respecto a junio de 2024, se sumaron 172 obras paralizadas adicionales, valorizadas en S/ 8,176 millones, lo que afecta a los tres niveles de gobierno (ver Semanario 1271). 

Este panorama de ineficiencia y retraso en la ejecución de obras resalta la necesidad de mecanismos alternativos que permitan destrabar proyectos de impacto social y económico. En este contexto, las asociaciones público-privadas (APP), las obras por impuestos (OxI) y los proyectos en activos (PA) cobran relevancia al facilitar la participación del sector privado en la ejecución, operación y mantenimiento de infraestructura clave, con lo cual se acelera la entrega de servicios a la población. 

Las APP son una modalidad de inversión que permite la participación de empresas privadas mediante contratos de largo plazo con el Estado para desarrollar proyectos de interés público. Según ProInversión, la inversión estimada de las adjudicaciones acumuladas pasó de US$ 77 millones en 2002 a US$ 35,570 millones en 2024, lo que representa un incremento anual del 32.2%. 

Las OxI son un mecanismo de inversión pública en el que las empresas financian y ejecutan proyectos prioritarios aplicando el monto invertido como pago anticipado de sus tributos. Entre 2009 y 2024, la inversión acumulada pasó de S/ 6 millones a S/ 11,746 millones, lo que equivale a un crecimiento promedio anual del 65.8%. En este periodo se adjudicaron 620 proyectos, siendo 2024 el año récord, con 126 adjudicaciones. 

Por otro lado, durante el periodo 2002–2024, la cantidad de adjudicaciones de proyectos en activos, una modalidad en la que la inversión privada se realiza sobre bienes públicos para desarrollar proyectos de utilidad, pasó de 10 en 2002 a 107 en 2024, lo que representa un incremento anual del 11.4%. 

El Anuario Estadístico 2024 de ProInversión destaca que los mecanismos de facilitación de la inversión privada son herramientas clave para brindar confianza y estabilidad a los inversionistas. Entre ellos se encuentran los convenios de estabilidad jurídica (CEJ), que otorgan garantías a través de contratos-ley firmados con el Estado peruano. Estos aseguran, a los inversionistas nacionales y extranjeros, la estabilidad en aspectos como el régimen del impuesto a la renta, la no discriminación, el acceso al tipo de cambio más favorable disponible en el mercado, la libre disponibilidad de divisas y la remesa de utilidades, dividendos y regalías (para capitales extranjeros). Para las empresas receptoras de inversión, además, se garantiza estabilidad en el régimen tributario, laboral y en los regímenes de promoción de exportaciones que utilicen. Desde 2002, los CEJ se han consolidado como un instrumento clave, pues se han suscrito 239 convenios. 

Junto a los CEJ, se encuentran dos mecanismos tributarios: el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA IGV) y el Régimen de Reintegro Tributario (RRT IGV). El primero permite recuperar de forma anticipada el crédito fiscal del IGV pagado en adquisiciones e importaciones de bienes y servicios vinculados a proyectos de inversión, lo que mejora la liquidez durante la fase inicial de ejecución. El segundo facilita que empresas que no pueden usar el crédito fiscal reintegren el IGV pagado en sus compras, lo que reduce los costos financieros y favorece la viabilidad de sus proyectos. 

En conjunto, estos instrumentos complementan las modalidades tradicionales de promoción (APP, PA y OxI) y fortalecen la competitividad del marco institucional peruano. 

La magnitud de las obras paralizadas y el impacto socioeconómico que generan requieren soluciones que vayan más allá de los mecanismos tradicionales de ejecución pública. APP, OxI y PA no solo representan alternativas viables para dinamizar la inversión y acelerar la entrega de infraestructura, sino que también fortalecen la colaboración entre Estado y sector privado, y han mostrado resultados (ver Semanario 1258). Complementados con instrumentos de estabilidad jurídica y regímenes tributarios, constituyen un marco integral para impulsar el crecimiento económico, cerrar brechas y generar confianza en los inversionistas.