Los acontecimientos de las últimas semanas en el país han puesto en jaque el trabajo del Gobierno nacional. Hemos tenido días con ministerios paralizados y con constantes cambios que, ahora definidos, esperemos sean definitivos para asegurar la adecuada gobernanza que necesitamos en este periodo de crisis sanitaria, económica y social. Bajo este panorama, el rol de los Gobiernos subnacionales resulta clave para asegurar el dinamismo del aparato público y la provisión de servicios a la ciudadanía.

De esta manera, cabe recordar que los Gobiernos subnacionales enfrentan una mayor responsabilidad en la gestión del gasto público, como producto de la transferencia de funciones y competencias en el marco del proceso de descentralización que vivió el país a inicios de la década pasada. Actualmente, el rol de estos va desde la provisión de servicios básicos, como agua, saneamiento y alumbrado, hasta la ejecución de políticas sectoriales en salud y educación.

Para tener una idea, hasta octubre de 2020, se destinaron S/ 41,524 millones y S/ 40,240 millones del presupuesto institucional modificado (PIM) a los Gobiernos locales y regionales, respectivamente, es decir, el 19.3% y el 18.7% del presupuesto total. Sin embargo, a menos de dos meses de culminar el año, su ejecución asciende al 40.3% y el 66.2%, respectivamente. Y, a nivel departamental, los resultados son bastante heterogéneos; mientras que los Gobiernos regionales de Lima, Callao y Loreto han ejecutado el 54.2%, 51.1% y 47.3% del PIM, respectivamente, Áncash, Huancavelica, Ayacucho y Puno no superan el 35%.

Por ello, uno de los retos pendientes para el Ejecutivo, tal como lo señaló el presidente Sagasti en su primer mensaje, será “apoyar a los Gobiernos regionales y locales en la tarea de ejecutar bien, sin desperdicios y sin corrupción, el presupuesto asignado que en muchas oportunidades se queda sin ejecutar y revierte al tesoro público”. He aquí la importancia de analizar y dar seguimiento a la calidad del gasto público en todos los niveles de Gobierno, de modo que se garantice un trabajo orientado a cubrir las necesidades del ciudadano, a la vez que contribuya a impulsar el crecimiento económico que necesitaremos en adelante.

Pero las ganancias en eficiencia del gasto no pueden pasar desapercibidas. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018, las ineficiencias y derroches del gasto público sumarían un 4.4% del PBI de la región, lo que demuestra que se podría mejorar la provisión de servicios sin necesidad de aumentar el presupuesto. Para el caso peruano, el costo de ineficiencias asciende al 2.5% del PBI, uno de los menores de la región, pero que evidencia un gran espacio de mejora. Además, de acuerdo con el índice de eficiencia gubernamental del Banco Mundial[1], nuestro país ocupa el puesto 95 entre las 193 economías evaluadas, con un puntaje de -0.07 sobre un intervalo de -2.5 y 2.5, muy por debajo de Chile (1.06), Uruguay (0.7) y Colombia (0.07), lo que indicaría una eficiencia débil.

Ahora bien, de acuerdo con la literatura, existen dos maneras de analizar la calidad del gasto público, ya sea a través de su eficacia o su eficiencia. La primera comprende evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos de los Gobiernos y está definida, entre otros aspectos, por la capacidad de ejecución del gasto. La segunda involucra la capacidad de mantener una relación óptima entre los recursos empleados y los resultados obtenidos en favor de la población. Con esto en mente, desde ComexPerú, buscamos contribuir con la evidencia a través de estudios con información útil que permita al ciudadano conocer y monitorear el gasto de los Gobiernos, de manera que pueda exigir los servicios que a estos les compete proveer.

En ese sentido, esta semana se publicó el Primer Reporte Eficacia del Gasto Público que, de manera trimestral, permitirá realizar un seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de los principales sectores, como educación, transporte, salud, orden público y seguridad, agropecuario y saneamiento. Pero, dado que el uso de recursos es solo una aproximación de la calidad del gasto, venimos trabajando en estudios sobre eficiencia, basados en indicadores clave de bienestar, que permitan tener un alcance a nivel departamental. De esta manera, desde el sector privado, queremos contribuir a sentar las políticas públicas con acciones orientadas a resultados directos en beneficio del ciudadano. Empecemos a trabajar juntos y hagámoslo bien.

[1] Basado en la percepción sobre sobre la calidad de servicios públicos, la calidad del servicio civil y su grado de dependencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas públicas, y la credibilidad del Gobierno.