En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, la población penitenciaria alcanzó el punto más alto en la última década, con 98,035 internos. El delito más común entre los reclusos es el robo agravado, mientras que el de mayor crecimiento es el de organización criminal. A julio de 2024, un 89.1% de los internos vinculados a este último delito aún no ha recibido sentencia. 

La población del sistema penitenciario registró un crecimiento constante en los últimos cinco años. A julio de 2024, se registró un incremento del 12.7% respecto de 2020, según los datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Del total de internos de 2024, un 37.9% (37,143 personas) están procesados[1], mientras que un 62.1% (60,892 personas) ya fueron sentenciados. 

Este incremento anual de la población penitenciaria coincide con periodos de mayores niveles de inseguridad ciudadana. Desde 2020, se viene dando un crecimiento sostenido en el número de denuncias registradas por el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). Entre enero y marzo de 2024, 124,951 denuncias fueron registradas, lo que significó un aumento del 20% con respecto al periodo de enero-marzo de 2019, según lo presentado en el Semanario 1222. 

Al desagregar la población penitenciaria por tipo de delito, se observa que el robo agravado constituye la infracción más frecuente entre los internos en los últimos cinco años. A julio de 2024, este delito abarcó al 22.8% de la población penitenciaria, lo que equivale a 22,310 personas privadas de su libertad. 

Asimismo, entre diciembre de 2019 y julio de 2024, el delito de organización criminal destaca por un aumento del 46.5% en la cantidad de internos ingresados por este crimen, lo que reflejaría una tendencia creciente en este tipo de actividad delictiva. Al dividir la población penitenciaria entre procesados y sentenciados, es evidente que la mayoría pertenece al primer grupo. En los últimos cinco años, el porcentaje de internos sentenciados por este delito aumentó en solo 0.1 puntos porcentuales (pp.), pero sigue sin superar un 11% del total. 

Por otro lado, el constante crecimiento de la población penitenciaria resultó en una sobrepoblación que excede con creces la capacidad instalada. A julio de 2024, la población intramuros supera el aforo del sistema penitenciario en 56,479 personas, lo que representa un 136% por encima de su capacidad de albergue. Los centros penitenciarios de Jaén y el Callao destacan por tener los niveles más altos de sobrepoblación. La población penitenciaria de ambas instalaciones supera en un 490% la capacidad instalada, según el informe estadístico de julio de 2024 del INPE. 

Uno de los factores que contribuye a la sobrepoblación en el sistema penitenciario es el uso desproporcionado de la prisión preventiva, según Prison Matter 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, el uso excesivo y no justificado de esta medida también genera elevados costos socioeconómicos para el Estado. Entre 2012 y 2020, el porcentaje de internos procesados en Perú disminuyó en 24.8 pp. No obstante, desde 2021, este porcentaje superó un 37% y se ha mantenido en torno a esa cifra. 

El crecimiento sostenido de la población penitenciaria en los últimos cinco años podría estar relacionado con el aumento en los niveles de inseguridad ciudadana y el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Aunque el porcentaje de internos procesados disminuyó antes de 2020, hubo un repunte desde 2021, lo que podría haber contribuido a la actual sobrepoblación. El delito de robo agravado y la organización criminal son las infracciones que más destacaron este año.

[1] Los procesados son aquellas personas que se encuentran bajo medidas cautelares como la de prisión preventiva, mientras que los sentenciados son aquellos que fueron condenados a penas privativas de libertad de carácter efectivo.