En busca de reducir la expansión de la pandemia, la educación presencial fue descartada durante el año pasado. Esto generó dificultades en el aprendizaje y la salud psicosocial de los estudiantes, como destaca el Banco Mundial.

Dada la necesidad de planear un retorno a las aulas, el Ministerio de Educación (Minedu) viene realizando esfuerzos para comenzar con clases semipresenciales. El primer paso ha sido autorizar la aplicación de esta modalidad en el ámbito rural. Luego, desde el 9 agosto, se autorizó que 591 colegios implementen dicho sistema en Arequipa.

Si bien esto supone un progreso considerable para el retorno a las clases presenciales, todavía existen varias limitaciones por resolver antes del primer semestre de 2022, periodo máximo establecido por la nueva gestión para implementarla en todo el país. De acuerdo con el Banco Mundial, el retorno a la presencialidad debe ser evaluado con cautela, con la finalidad de que no represente un perjuicio mayor para los alumnos respecto de lo que implica estudiar a distancia. 

Una condición mínima para lograr un retorno seguro, según el Banco Mundial, es adoptar mecanismos básicos de mitigación, como el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento social, así como asegurar una ventilación y una higiene adecuadas. Lamentablemente, esto último será complicado de alcanzar mientras se mantenga la carencia de servicios básicos en una proporción considerable de las escuelas.  

De acuerdo con el Minedu, apenas el 29.1% de escuelas públicas tuvieron acceso a electricidad, agua potable y desagüe en 2020, lo que significa un incremento de 11.7 puntos porcentuales (pp) respecto de los resultados de 2001, pero un retroceso de 5.2 pp si se compara con lo registrado en 2010.

El progreso alcanzado en los últimos 20 años se sustentó en el incremento de la cobertura de electricidad y desagüe a través de red pública, servicios a los cuales, de manera respectiva, solo el 30.4% y el 22.1% de los colegios accedían en 2001. Según las cifras del Minedu, más de la mitad de las escuelas tienen acceso a estos servicios.

No obstante, resulta preocupante el desempeño del acceso a agua potable, pues el indicador registra un retroceso respecto de los valores registrados en años previos, de un 56.1% a un 34.8% entre 2010 y 2020.

SITUACIÓN POR DEPARTAMENTOS

Si este ejercicio se realiza por departamentos, se puede apreciar que Loreto es la región donde los colegios tienen menor acceso a agua potable mediante red pública (9.2%). Sin embargo, esta situación es mejor que la de hace 10 años, cuando apenas un 7.6% de escuelas tenía acceso a dicho servicio, según cifras del Minedu.  

Ucayali es la segunda entre las regiones cuyos colegios se encuentran en una situación más crítica. Apenas el 11.2% de sus escuelas tiene acceso a agua potable, un aumento mínimo de 0.6 pp respecto de 2001. 

Huancavelica registra el tercer peor resultado, con solo el 18.9% de sus escuelas con agua potable. Esto, además, representa un retroceso significativo con relación al 66.7% alcanzado en 2010. Lamentablemente, aquellos resultados se agravarían en el ámbito rural, pues la cobertura promedio para dicha área ascendió al 23% el año pasado, en contraste con el 78.4% registrado en el área urbana.  

HACIA UNA PRESENCIALIDAD ADECUADA

De acuerdo con el Minedu, el año pasado, la gran mayoría de locales educativos a nivel nacional de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) fueron de gestión pública, pues se registraron 53,159 en contraste con las 13,099 de gestión privada. Es decir, el 80.2% de escuelas fueron gestionadas por el Estado en 2020, aunque la proporción se incrementa considerablemente en Loreto (97.8%), Ucayali (95.9%) y Huancavelica (98.6%). Por ello, la única manera de alcanzar una cobertura completa de servicios básicos en las escuelas dependerá de mayores esfuerzos del Gobierno para lograrlo.  

Lamentablemente, la inversión pública en el Perú se caracteriza por un bajo nivel de ejecución. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre los años 2017 y 2019, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio fue de S/ 4,588 millones para la división funcional de Educación básica, pero el devengado (es decir, el monto ejecutado) se situó en S/ 3,195 millones, lo que significó un avance promedio de la inversión programada de solo un 69.6%. Sin embargo, el año pasado, la inversión se contrajo a S/2,770 millones, lo cual apenas representó un 58.2% del presupuesto.

Para 2021, el presupuesto anual actual asciende a S/ 6,195 millones, con lo que se incrementa un 30.1% respecto de lo programado para el año pasado. De ese monto, S/ 2,426 millones ya fueron ejecutados, pero todavía existe un 60.8% restante por invertir durante los meses de agosto a diciembre.

En ese sentido, para solucionar los problemas del sector no basta con duplicar el presupuesto destinado, sino que serán necesarios mayores esfuerzos por concretar las inversiones ya programadas, como una mayor capacitación a los Gobiernos locales, que el año pasado registraron los menores niveles de ejecución presupuestal, de acuerdo con el Reporte de Eficacia del Gasto Público. Esto será necesario para disminuir la brecha de servicios básicos en las escuelas públicas y lograr un adecuado retorno a la presencialidad.