La inversión privada continúa de capa caída en el país. Las cifras negativas no se revierten y, durante el primer trimestre de 2017, enfrentó un decrecimiento del 5.6%, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Si bien la actividad económica presentó un crecimiento positivo del 2.1% durante este periodo, ello se explicó básicamente por el aumento en las exportaciones, que crecieron un 30.4%. Por tanto, no podemos esperar un mayor crecimiento mientras que no se reactive la inversión, verdadero motor de la demanda interna.

Al respecto, las proyecciones de marzo del BCRP revisaron a la baja el crecimiento de la inversión privada para 2017, del 5% al 2.5%; debido a ello, también se reajustó a la baja el crecimiento del PBI para este año, del 4.3% al 3.5%. De acuerdo con el ente emisor, esta menor recuperación de la inversión privada se debe principalmente a un menor gasto de algunos proyectos de infraestructura, entre los cuales se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, la Línea 2 del Metro de Lima, Vías Nuevas de Lima y Chavimochic III Etapa. Asimismo, también se prevé una disminución de la inversión minera, dada la culminación de los megaproyectos como la ampliación de Cerro Verde, Las Bambas y Toromocho, los cuales pasaron a la fase de producción. Además, las expectativas de los inversionistas presentan un menor nivel que en años anteriores, aunque se mantienen en el tramo optimista.

Esta situación muestra la necesidad de enviar señales adecuadas que impacten en la confianza de los inversionistas, cuyas expectativas van de la mano con el marco regulatorio, la estructura impositiva, la seguridad jurídica y la estabilidad política del país, para lograr dinamizar la inversión privada y, con ello, mejorar el crecimiento económico. Sin embargo, el Legislativo se empeña en dar señales que apuntan a lo contrario.  

El Legislativo envía malas señales

Recientemente la bancada Fuerza Popular, por iniciativa de la congresista Karina Beteta, ha presentado el Proyecto de Ley N.° 1410, el cual busca modificar el Decreto de Urgencia N.° 003-2017, que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Recordemos que dicho decreto se aplica a aquellas empresas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública o lavado de activos y establece la suspensión de la transferencia al exterior del íntegro de capitales provenientes de sus inversiones en el país, además de las utilidades provenientes de dicha inversión, hasta que se efectúe el pago de la reparación civil a favor del Estado. Sin embargo, el proyecto de ley pretende extender la responsabilidad a cualquier empresa que haya sido socio o asociado de empresas condenadas por actos de corrupción, así como a aquellas con las que hayan tenido algún contrato de colaboración empresarial.

Este proyecto de ley resulta bastante preocupante, sobre todo para el sector empresarial y el relacionado al sector construcción. En primer lugar, estaría violando derechos constitucionales de las empresas que no han sido investigadas, como el de presunción de inocencia o el de debido proceso. Además, el impedimiento de transferencia de sus activos dificultaría su acceso al financiamiento y, prácticamente, las dejaría fuera del sistema financiero.

Lo único que brinda este proyecto de ley es una mala señal a los inversionistas, en un momento en el que se necesita generar un marco legal estable para recuperar su confianza y sumar mayores proyectos. Resulta una medida errada asumir que todas las empresas del país han sido parte de la corrupción y castigarlas por hechos no cometidos. Combatir la corrupción no significa sentenciar a todo el sector empresarial. Parece que el Legislativo no se da cuenta de que ello no solo afectaría a las empresas, sino a toda la mano de obra que emplean y al desempeño económico del país en general; y, peor aún, al desempeño de la inversión pública y privada, así como al de la Reconstrucción con Cambios.

La modificación que plantea la congresista Beteta no es lo que el país necesita, solo constituye una traba más. Sí, debemos combatir la corrupción y castigarla con el mayor peso de la ley, pero no a costa de acabar con la inversión privada, afectar al sector empresarial y a todos los empleos que genera. Sin inversión, el país no crece ni se reduce la pobreza, que debería ser el fin último de toda medida o acción de política pública, sea del Ejecutivo o del Legislativo.