El 16 de septiembre último, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó su tercer Reporte de Inflación en lo que va del año. A septiembre de 2022, el BCRP espera que la economía crezca un 3%, lo cual implica un recorte con respecto al reporte previo (3.1%). 

Asimismo, otras entidades bancarias presentaron sus proyecciones de crecimiento económico peruano para este y el próximo año. Por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) espera que la economía crezca un 2.5% al finalizar el año; Scotiabank, un 2.5% y el BBVA, un 2.3%. Por su parte, según las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2023-2023, presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, señala que la economía peruana crecerá 3.3% en 2022 y, en julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó que la economía en el presente año crecería un 2.8%.

La baja producción por parte de los sectores primarios explicaría esta menor perspectiva de crecimiento económico, especialmente en los sectores como pesca (de 3.1% en el Reporte Inflación de junio al -5.7% en el de septiembre), minería metálica (del 2.9% al 1.6%), hidrocarburos (del 12.5% al 8%) y manufactura (del 2.4% al -0.2%). En cuanto al sector pesquero, la producción se ve afectada debido a la menor captura para consumo humano e industrial, lo cual afecta, a su vez, a la manufactura.

En cuanto al sector minero, la producción disminuyó por la conflictividad social que ocasionó la paralización de proyectos mineros como Cuajone y Las Bambas, en el primer semestre del año. Estos menores niveles de producción minera se traducen en un menor crecimiento del volumen de las exportaciones. Cabe mencionar que, en 2021, el sector minero representó el 61.8% de las exportaciones, lo que lo convierte en un motor importante del crecimiento económico.

Con respecto al sector hidrocarburos, la producción petrolera en el tercer trimestre de 2022 se vio afectada por la presencia de oleajes anómalos. Asimismo, los lotes 192 y 8 continúan paralizados. En cuanto a la producción de líquidos de gas natural, se redujo por fallas y mantenimientos registrados en el tercer trimestre de 2022.

Por el lado del sector manufactura, la baja producción se debe a la menor actividad pesquera y la disminución en la refinación esperada de petróleo, las cuales están asociadas con la paralización parcial de Repsol y el inicio progresivo de las operaciones de la nueva refinería de Talara.

Por otro lado, la inversión privada no registraría un crecimiento este año, pero se espera un incremento del 1.8% en 2023. Durante el primer semestre de 2022, la inversión privada creció apenas un 0.9%, dados los bajos niveles de confianza empresarial que se mantienen en el tramo pesimista y el menor impulso de la autoconstrucción, debido a la normalización de los hábitos de gasto de las familias. Asimismo, el BCRP proyecta que la inversión minera se reduzca por la persistencia de conflictos sociales y los términos de intercambio menos favorables.

En cuanto a la inflación, el BCRP estima que llegaría al 7.8% a fin de este año, debido al incremento de los precios de los bienes importados y la depreciación de la moneda (menor valor del sol peruano). Asimismo, la entidad señala que se espera volver al rango meta del 1% al 3% durante el segundo semestre de 2023; sin embargo, aún queda la posibilidad de que cambie, ya que el futuro es incierto.

No obstante, no todo es negativo. El Perú cuenta con una solvencia fiscal sólida, lo cual le permite implementar políticas contracíclicas para atenuar el ciclo económico. El BCRP proyecta que el déficit fiscal al cierre de 2022 se sitúe en un 1.9% del Producto Bruto Interno (PBI) y se reduzca al 1.8% en 2023. Con esta proyección, el Perú sería el segundo país con menor déficit fiscal de la región, después de Chile, con un 1.5%.

Gracias a la solvencia fiscal se hacen posibles las políticas relacionadas con educación, salud e infraestructura, pero no olvidemos que ello depende de la gestión del Gobierno de turno. Si bien no tenemos problemas fiscales, tenemos un bajo nivel de gasto, por lo que es importante incrementar la ejecución del presupuesto público y asegurar su eficiencia para que este se use de manera oportuna, y así se mejoren las condiciones sociales y económicas del país.