Hace pocos días, el Poder Ejecutivo sostuvo una importante reunión con gremios empresariales, en la que participaron el presidente Jerí, el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de las carteras de Economía, Justicia, Defensa e Interior. El encuentro sirvió para presentar avances en materia de seguridad ciudadana y reactivar el shock desregulatorio. 

El propio primer ministro fue enfático al recordar que “el Estado no genera riqueza, da las condiciones para que el sector privado la genere”. En una entrevista reciente, añadió: “lo que quisiéramos dejar son bases para que la economía, la descentralización, la flexibilidad laboral y los incentivos a la promoción de la actividad privada puedan resurgir en el próximo quinquenio”. 

Afirmaciones correctas, en línea con los principios de una economía social de mercado, y que deben materializarse cuanto antes en medidas concretas. Por ello, el anunciado pedido de delegación de facultades legislativas para abordar temas de seguridad, reactivación económica y mejora de la competitividad representa una oportunidad que no se puede desperdiciar. 

Ya se ha trabajado lo suficiente como para no pasar de las palabras a los hechos. El país no puede seguir cargando con trabas que limitan la inversión, la formalización y el crecimiento empresarial. A estas alturas, no tiene sentido que sigan vigentes decretos como el 001 (tercerización) y el 014 (relaciones colectivas), que introdujeron barreras burocráticas y que debieron ser derogados hace meses. Tampoco es aceptable que se mantenga la incertidumbre en torno a proyectos de inversión minera o infraestructura, ni que continúen en el limbo decisiones clave sobre el futuro de Petroperú, el Reinfo o la gestión de Machu Picchu. 

De igual manera, urge generar predictibilidad en el trabajo de la Sunat, bajo un enfoque de generar empresa y atraer inversiones, y no al revés. Y hay que poner principal atención en los sectores de salud y educación, pilares para tener un capital humano productivo. En los últimos días hemos visto lamentables pruebas de la catastrófica gestión en EsSalud. Eso tiene que cambiar. 

Un verdadero shock desregulatorio exige decisión política y sentido de urgencia. Como hemos advertido antes, no se trata de desregular por desregular, sino de remover obstáculos que hoy impiden que negocios de todo tamaño prosperen, que nuevos proyectos se concreten y que los ciudadanos accedan a más oportunidades de empleo e ingreso. La lógica es simple: menos trabas, más inversión; más inversión, más empleo; más empleo, menos pobreza. 

El empresariado ha dado señales claras de disposición al diálogo y colaboración. Espera, con la misma claridad, que el Estado haga su parte. La delegación de facultades debe ser utilizada con responsabilidad, pero también con ambición. Es el momento de consolidar medidas que mejoren el clima de negocios, agilicen permisos, fortalezcan la seguridad jurídica y aseguren condiciones mínimas para una recuperación sostenida. 

A estas alturas, no hay margen para vacilaciones. Si se actúa con decisión, se podrá dejar una hoja de ruta que trascienda este mandato. Si no, el costo será un país que sigue perdiendo tiempo valioso.