Pese a acumular más de 20 años de crecimiento ininterrumpido, solidez macroeconómica, boom exportador y generación de oportunidades para miles de emprendedores, enfrentamos una brecha de productividad laboral. En promedio, un trabajador peruano tiene una productividad laboral que es la mitad de la de un trabajador en Latinoamérica, lo que está relacionado con un bajo capital humano y una deficiente calidad de la educación, y que es la causa, entre otras cosas, de la alta informalidad en el país. Una microempresa con baja productividad, poca eficiencia y escasa rentabilidad, a lo que se suma la rigidez laboral, afrontará un alto costo por ser formal.

La productividad laboral está relacionada con la calidad del capital humano, su educación, experiencia y habilidades. Invertir en la calidad del capital humano requiere que el ciudadano acceda como condición básica a servicios de educación y salud de calidad y, por supuesto, a capacitación, herramientas y tecnología que le permitan ser más productivo. Pero ¿qué pasa si en nuestro país esas condiciones básicas no se cumplen?

En educación, el 28.9% de los niños no acude a la escuela o tienen atraso escolar, el 42.9% de los jefes de familia tienen como máximo educación secundaria, los escolares muestran un bajo rendimiento en las pruebas Pisa y las escuelas tienen pésimas condiciones de infraestructura. En salud, tenemos un sistema fragmentado y de baja calidad, uno de cada dos pacientes no recibe sus medicinas en un establecimiento público, el 77.8% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención presenta una capacidad instalada inadecuada, existen demoras en innovación de hasta 18 años para incorporar nuevos tratamientos y el 40% de niños menores de 3 años presentan anemia con consecuencias para sus habilidades cognitivas. ¿Quién ha fallado?

Un Estado que ha sido incapaz de cumplir su rol constitucional de proveer servicios públicos con los recursos que pagamos ciudadanos y empresas. Una burocracia y un aparato público que solo han crecido en los últimos años y han perdido eficiencia.

Y aquí el rol de los Gobiernos subnacionales es crucial para la provisión de mejores servicios públicos. En 2019, se destinó a los Gobiernos locales y regionales el 63% del presupuesto total para la inversión pública a nivel nacional; no obstante, solo se llegó a ejecutar un 59%. Puno y Cajamarca, por ejemplo, sólo ejecutaron el 40.5% y el 14.7% del presupuesto destinado a inversión pública del sector salud, mientras que en el sector educación la ejecución fue del 72.8% y el 62.5%, respectivamente.

En cuanto a la ejecución de la inversión pública en el periodo enero-octubre de este año, el Gobierno ha ejecutado solo el 27.3% del presupuesto institucional modificado (PIM) en todos sus niveles. A nivel desagregado, los Gobiernos locales y regionales tienen una ejecución de apenas el 23.1% y el 31% de su presupuesto, respectivamente.

El reto pendiente es contar con autoridades capaces de invertir eficientemente los recursos y proveer servicios públicos de calidad a los ciudadanos, así como reducir el Estado con un enfoque de servicio al ciudadano y no de intereses particulares.