Ha pasado más de un año desde que el coronavirus llegó al país y reveló la precariedad de nuestro sistema de salud. Si bien en los primeros meses todos los esfuerzos se concentraron en detener la propagación y atender la emergencia, el colapso del sistema sanitario provocó una caída en la atención de las enfermedades no COVID. Para tener una idea, de cada 100 personas que reportaron padecer algún problema de salud crónico hacia el último trimestre del 2020, 72 no buscaron atención. Ello habría conducido los casos graves a resultados no esperados. De acuerdo con estimaciones de Apoyo Consultoría, hasta setiembre del año pasado, se habría registrado un exceso de casi 11,000 muertes causadas por otras afecciones distintas a la COVID, cifra que, de actualizarse, podría ser mucho mayor considerando los efectos de la segunda ola a inicios de este año. Además, la atención y el diagnóstico de casos entre febrero y junio de 2020 se habría reducido un 70% para pacientes oncológicos y un 56% en enfermedades raras y huérfanas, respecto de similar periodo del año previo.

Este escenario demanda actuar rápidamente en cuanto a la prevención y la continuidad del tratamiento, especialmente para el caso de enfermedades oncológicas, que suelen ser más costosas a medida que avanza la enfermedad. No obstante, a la interrupción de las atenciones se suma la baja capacidad de ejecución y priorización de gasto destinado a cubrir estas enfermedades. Veamos cómo le fue al Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2020, se destinaron S/ 695 millones para el mencionado programa. De este monto, el 70.5% estuvo dirigido a las entidades del Gobierno nacional y un 29.5%, a los Gobiernos regionales[1]. A nivel general, la ejecución del presupuesto del programa fue del 90.2%, pero si lo analizamos según la estructura del gasto encontramos cierto rezago en la partida de Adquisición de bienes y servicios. En el presupuesto destinado a Suministros médicos, que incluye la compra de productos farmacéuticos (medicamentos, vacunas, recursos terapéuticos, entre otros), así como el material, insumos y accesorios médicos, se registró un avance del 77.5%, es decir, se dejaron de gastar S/ 43 millones. Cabe destacar que gran parte de ese dinero estaba bajo la administración del Gobierno nacional (S/ 41 millones), liderado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Ministerio de Salud (Minsa).

Estas cifras cobran relevancia si consideramos que el costo de tratar la enfermedad de pacientes oncológicos es, aproximadamente, siete veces mayor al de los pacientes crónicos. En 2021, el presupuesto destinado para combatir el cáncer es de S/ 675 millones y, al cierre de esta edición, se ha ejecutado el 40.2%.

Ante este panorama y para hacer frente a la enfermedad, en marzo del presente año, el Minsa publicó el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer (2020-2024), que plantea las acciones estratégicas enfocadas en la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y los cuidados paliativos. De acuerdo con el referido documento, entre los objetivos prioritarios está disminuir la prevalencia de los factores de riesgo, incrementar la capacidad operativa y la calidad de los servicios de salud, aumentar la disponibilidad de suministros médicos y tecnológicos, y fortalecer los servicios oncológicos descentralizados. Aunque acertadamente se menciona la necesidad de reforzar la telemedicina, este objetivo debería ser prioridad en un escenario como el que vivimos actualmente y de cara a la nueva normalidad.

No cabe duda de que este documento debe ser la principal ruta por seguir si queremos evitar el gasto de tratar estas enfermedades en los próximos años. Sin embargo, como toda política pública, el cumplimiento de las metas dependerá del trabajo articulado en todos los niveles de Gobierno en los distintos departamentos. Aquí cobra relevancia el desempeño de los Gobiernos regionales, los cuales aportarán a la descentralización del servicio oncológico a través del buen manejo de los recursos públicos. Para tener una idea de la concentración que existe actualmente, hasta julio de 2019, de los 16 equipos de radioterapia que disponía el país a nivel público, nueve se encontraban en Lima. No más pacientes olvidados. La salud es un derecho fundamental que debe garantizarse íntegramente en todos los rincones del país.

[1] También se destinó un monto inferior de S/ 348,386 a los Gobiernos locales.