En una muestra de madurez y responsabilidad política que vale la pena resaltar, el pasado 29 de setiembre, el Congreso de la República otorgó al Ejecutivo las facultades para legislar, por un lapso de 90 días, en 5 ejes: i) reactivación económica y formalización, ii) seguridad ciudadana, iii) lucha contra la corrupción, iv) agua y saneamiento y v) reorganización de Petroperú.

Quisiera centrarme en el eje de reactivación económica y formalización que busca, en términos generales, por un lado, la ampliación de la base tributaria y otorgar incentivos a la formalización (simplificación de la estructura tributaria empresarial, mejores y más simples procesos de recaudación, modificación de tasas impositivas, entre otros), y por el otro, impulsar un marco normativo que simplifique y haga más eficientes los procedimientos administrativos y la eliminación de barreras burocráticas. Además, se incluyen en este eje medidas como la reestructuración de ProInversión, la reorganización del sistema de inversión pública y la flexibilización del marco legal para facilitar el ingreso de más bancos en el sistema financiero peruano.

No cabe duda de que esta es la orientación que deben tener las políticas públicas para recuperar el dinamismo de la economía peruana. Una combinación de simplificación e impulso a la competitividad. Un sistema tributario más simple, con incentivos a la formalización, acompañado por un Estado más eficiente, ágil y con mejores servicios al ciudadano.

En el Perú, el 94% de las empresas —alrededor de 5.3 millones— son micro o pequeñas, y dan empleo a 7.7 millones de personas. Sin embargo, el 83% son informales. Por ello, es fundamental contar con un marco normativo y tributario simple, amigable y con los incentivos alineados que les permitan incorporarse a la economía formal, que sus trabajadores tengan acceso a un seguro, pensión y demás derechos laborales, y que contribuyan a un Estado que, a la vez, brinde los servicios que estos requieren para su desarrollo.

Asimismo, la simplificación de los procesos administrativos es fundamental para poner fin a la tramitología, que lo único que logró fue frenar el aparato productivo en momentos de desaceleración económica, precisamente cuando se requería un Estado facilitador. Solo será posible reactivar la economía si el sector productivo cuenta con entidades públicas al servicio del ciudadano que vayan al mismo ritmo. Para ello se requiere, por ejemplo, que entidades como Digesa y Digemid se conviertan en organismos públicos con autonomía administrativa y económica, y que estos, junto con Senasa, Sanipes y otros, tengan consejos directivos público-privados.

Esta combinación de medidas resulta indispensable si queremos recuperar tasas de crecimiento por encima del 4%. Un ambiente de negocios predecible, facilitador, ágil y eficiente. La pelota ya está en la cancha del Ejecutivo.