La crisis de la COVID-19 ha reducido las expectativas de crecimiento de todos los países de Latinoamérica. El Perú ha sido uno de los países más impactados, lo cual se evidencia en el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú, donde se estima una caída del 12.7% del PBI y una contracción del 28.5% de la inversión privada en 2020. Además, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 8.1% en el producto para este año. Ante este panorama, el Gobierno peruano y los de sus países vecinos han anunciado estrategias para impulsar la inversión, especialmente en infraestructura.

Para empezar, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con información del Banco Mundial, el Perú es el país de la Alianza del Pacífico que cuenta con más procedimientos en el proceso para otorgar permisos y aprobar proyectos de infraestructura. Mientras que aquí son necesarios 19 procedimientos, en Chile, Colombia y México solo se requieren 12, 13 y 15 procedimientos, respectivamente. Además, en nuestro país se tarda 137 días para completar todo este proceso, superado únicamente por Chile, donde demora 195 días; mientras que en Colombia y México solo toma 132 y 82 días, respectivamente.

Si bien Chile requiere más días para completar todo el proceso, parece haber caído en cuenta de la necesidad de agilizar y optimizar sus procesos para atraer inversores a fin de contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria. Para ello, el país sureño ha establecido el plan Paso a paso Chile se recupera, el cual contempla la necesidad de agilizar 130 proyectos de inversión privada entre 2020 y 2021, por un monto aproximado de US$ 24,521 millones, con lo que se crearían 115,000 empleos directos. Asimismo, de acuerdo con el Gobierno chileno, se requeriría únicamente de la optimización de los 12 pasos del proceso para la ejecución de proyectos.

Así, según la Dirección General de Obras Públicas, las estrategias de aceleración en Chile se han enfocado en rebajar los requerimientos para participar como contratistas, la ampliación del máximo de subcontratación de obra permitido (del 30% al 50%) y la eliminación del requisito de inscripción como contratista en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Además, se estableció una agenda de 28 medidas para reducir la burocracia y modernizar el proceso de tramitación de proyectos de inversión privada. A la fecha, ya se han realizado dos llamados masivos para la licitación de obras del plan de reactivación, en agosto y en setiembre últimos.

Por su parte, en agosto pasado, Colombia emitió el Decreto 1157 de 2020, orientado a la facilitación y promoción de megainversiones en el país. Entre los principales beneficios para este tipo de inversión se encuentran los tributarios, como un impuesto sobre la renta del 27% (en lugar del 32% establecido para 2020). También, para las nuevas inversiones, establece la depreciación de activos fijos en un periodo mínimo de 2 años, independientemente de la vida útil del activo. Finalmente, a las megainversiones no se les aplicará impuesto al patrimonio ni estarán sujetas al sistema de renta presuntiva. Por otro lado, se viene trabajando en el Plan Vallejo Express, que busca brindar facilidades para la importación de insumos y bienes de capital con un nivel de compromiso de exportación menor.

UNA MIRADA A LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP)

Si bien en el Perú, por medio del Decreto Legislativo 1500, se establecieron medidas especiales [1] para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto de la COVID-19, estas parecen no ser suficientes. Lo mencionado supone un problema. Aunque nuestro país ha tenido espaldas fiscales fuertes, estas no son infinitas, por lo que la necesidad de inversión privada, a fin de aliviar al sector público y evitar el sobreendeudamiento, será muy necesaria. No obstante, el Perú parece estar repitiendo el patrón del año anterior, cuando logró otorgar únicamente cuatro proyectos del tipo APP. Además, las medidas hasta ahora brindadas, con resultados o no, estarían enfocadas en la búsqueda de nueva inversión; incluso, el mes anterior se publicó la Guía para invertir en proyectos de infraestructura en Perú 2020/2021, mas no así para destrabar los procesos pendientes ni para demostrar el soporte al actual inversor privado.

Ante lo expuesto, es necesario que las autoridades promotoras de inversión agilicen los procedimientos para el otorgamiento de permisos y la aprobación de proyectos de infraestructura. Asimismo, las estrategias para la búsqueda de inversión deben ser lo suficientemente atractivas para competir con otros países de la región. Finalmente, no se debe olvidar que las relaciones con los concesionarios actuales son la vitrina en el mercado de las inversiones, por lo que es necesario mostrar al país como un lugar propicio para invertir, incluso en contextos como el que atravesamos.

[1] Las medidas se relacionan con la ampliación de la vigencia de autorizaciones, permisos y licencias con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020 para la implementación de los proyectos, uso de medios electrónicos y virtuales en mecanismos de participación ciudadana y la exoneración a los titulares de la presentación de reportes, monitores e información ambiental o social, siempre que no se evidencie inminente peligro o alto riesgo.