La informalidad laboral es uno de los problemas estructurales que arrastramos, no solo como economía, sino como sociedad. Los incentivos, acciones o políticas para fomentar la formalización de empresas poco o nada han ayudado a combatir esta problemática, puesto que la informalidad no ha variado sustancialmente en el tiempo. Esta situación expone a las personas a trabajar sin beneficios sociales, así como las condena a niveles bajos de productividad e ingresos, con respecto al sector formal. 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, en la última década, la cantidad de trabajadores informales aumentó sostenidamente (con excepción de 2014 y 2020), al pasar de 11,599,507 en 2013 a 13,441,375 en 2022. Así, en el último año, la tasa de empleo informal a nivel nacional fue del 75.7%, aunque los resultados en el interior del país son todavía más preocupantes. 

Entre los departamentos que registraron una tasa de empleo informal por encima del 90%, tenemos a Huancavelica y Puno; luego, por encima del 80%, se encuentra un grupo grande de doce departamentos, encabezado por Huánuco, Ayacucho y Cajamarca, con tasas del 89.9%, 88.6% y 88.3%, respectivamente. Por su parte, la provincia constitucional del Callao, Lima, Moquegua, Arequipa e Ica son los que presentan una informalidad por debajo del 70%, con 61.7%, 63.8%, 67.6%, 68% y 68.7%, respectivamente. 

Respecto de los departamentos con mayores niveles de informalidad, no es coincidencia que estos registren también los mayores niveles de pobreza monetaria, con más del 40% (excepto Huancavelica, con 37.4%), ya que este sector se caracteriza por menores niveles salariales y, en un escenario de precios altos como el que venimos atravesando desde el año pasado, los ingresos no resultan suficientes para acceder a una canasta básica de consumo familiar para cuatro personas, que pasó de S/ 1,512 en 2021 a S/ 1,660 en 2022. 

Una mayor informalidad no solo obedece al costo de ser formal o los desincentivos administrativos para serlo, sino también al desconocimiento sobre las alternativas que tienen, por ejemplo, las micro y pequeñas empresas (mype) para sumarse a la formalidad. Recordemos que más del 95% de las empresas a nivel nacional son mypes, y de estas más del 86% son informales y emplean a alrededor de 6.6 millones de trabajadores, quienes no cuentan con beneficios sociales. 

De igual manera, una mayor informalidad se produce naturalmente cuando las oportunidades laborales formales son escasas. Así, una coyuntura de desaceleración económica global y precios altos, como los del año pasado, sazonada con el entrampamiento político y la inacción del Gobierno del presidente Castillo para mitigar la afectación del escenario externo, se tradujo finalmente en una menor confianza empresarial, baja inversión y poco dinamismo de la economía, lo que limitó las oportunidades de generación de empleo formal, es decir, empleo de calidad. 

Finalmente, no olvidemos que ser formal o informal es una decisión. Esta depende de los beneficios que se perciban al estar en una u otra condición. Así, mientras que las personas y las empresas no vean el beneficio de ser formales (al contar con mejores servicios públicos: transporte, salud, educación, seguridad, infraestructura en general, entre otros), difícilmente estarán motivados a formar parte de dicho sector. 

Desde el Estado, mucho se puede hacer para fomentar el comercio y la formalización de empresas. Las municipalidades a nivel nacional, por ejemplo, este año cuentan con un presupuesto de S/ 424 millones para el incentivo del comercio. Las inversiones en actividades y proyectos de construcción, rehabilitación o equipamiento de mercados, así como la creación de ferias y campañas en beneficio de los comerciantes y productores locales, son una importante alternativa para las mypes. 

*Publicado el 26 de mayo de 2023 en Infobae.