No cabe duda de que la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más serios e importantes que enfrenta el país, con graves consecuencias. De acuerdo con el informe Latinobarómetro 2016, el 55% de la población peruana considera a la delincuencia como el problema principal del país, el porcentaje más elevado de los diez países que comparten esta preocupación. Asimismo, un 50% de los peruanos está preocupado todo o casi todo el tiempo de ser víctima de un delito con violencia, cifra por encima del promedio latinoamericano, que es del 43%.

Al respecto, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo noviembre 2016-marzo 2017, la tasa de victimización a nivel nacional alcanzó un 26.3%, 6 puntos porcentuales menos con respecto al mismo periodo del año anterior (32.3%). Además, se estima que el 88.3% de la población percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de un hecho delictivo que atente contra su seguridad, lo que significa una reducción de 1.9 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (90.2%).

Si bien estas cifras muestran una ligera mejora, lo cierto es que la criminalidad e inseguridad aún continúan en un nivel muy elevado en nuestro país. Por ello, no sorprende que, según el Informe Global de Competitividad 2016-2017 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubique en la posición 126 de 138 economías en el componente Seguridad dentro del pilar de Instituciones Públicas, por debajo de países de la región como Chile (45), Uruguay (59), Ecuador (84), Bolivia (85), Argentina (105) y Paraguay (111).

El problema es que la delincuencia e inseguridad no solo afectan el bienestar de la ciudadanía, sino que también tienen asociados importantes costos. Como bien menciona el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y el temor al crimen influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas, minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y alteran la asignación de recursos públicos y privados. Una prueba de esto es que, de acuerdo con el WEF, en el Perú, el crimen y el robo constituyen el sétimo factor más problemático para hacer negocios, así como que el nuestro se posicione como uno de los países en los que el crimen y la violencia producen mayores costos para los negocios, al ocupar el puesto 13 de 138 países.

Más aún, a inicios de este año, el BID publicó el informe “Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”, con el objetivo de medir el impacto de estos en las economías de la región. Como resultado, se estima que el delito les cuesta a estos países, en promedio, un 3.55% de su PIB. Asimismo, para el caso peruano, se calculó que el costo total de la delincuencia ascendería a US$ 10,325 millones, equivalentes al 2.77% del PBI.

En efecto, dicha cifra sería el resultado de las múltiples distorsiones que la inseguridad genera en nuestra economía. En principio, refleja los costos directos asociados al crimen (lesiones, daños y pérdidas); costos en previsión de la delincuencia, como el gasto público y privado en seguridad; y costos en respuesta a la delincuencia, como el sistema penal. Cabe mencionar que esta estimación se basa en un escenario conservador, que no incluye costos indirectos y más difíciles de cuantificar, como los cambios en el comportamiento de familias o empresas, y que, de ser incluidos, generarían una cifra muchísimo mayor.

Por otro lado, la inseguridad tiene también un efecto sobre la priorización y asignación del presupuesto público. Si bien, como hemos mencionado, frenar este mal es fundamental para mejorar la calidad de vida y promover la actividad económica; debemos recordar que cada sol gastado en seguridad es uno menos invertido en otros aspectos relevantes. De acuerdo con el informe del BID, si se compara el gasto público en seguridad interna de los países de la muestra con el de otros sectores, en promedio, los gastos gubernamentales por delitos equivalen aproximadamente a un tercio de las cantidades gastadas en educación y salud. En una comparación internacional, este gasto en seguridad representa una mayor proporción del gasto total que en los países desarrollados (dos o tres veces más).

De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, para 2017, el Gobierno central tiene un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/ 5,208 millones en la categoría presupuestal “Reducción de delitos y faltas que atentan la seguridad ciudadana”, monto que equivale a un 3.2% del presupuesto total de la nación de este año. Cabe mencionar que este monto ha ido aumentando con los años; sin embargo, reducir los costos estimados del crimen sobre el bienestar depende significativamente de qué tan buena sea la política gubernamental, es decir, de tanto la magnitud como la eficiencia del gasto.

Como hemos visto, la inseguridad impone costos significativos a la sociedad y constituye una amenaza severa para el desarrollo económico y sostenible de los países; a ello se suma que esta actúa como una traba más para la inversión privada y nos resta competitividad. En este contexto, es indispensable que los esfuerzos por lograr la reactivación económica estén acompañados por una reforma orientada a reducir la inseguridad, mediante un uso eficiente de los recursos.