La empresa privada es motor de desarrollo económico de cualquier país. Desde los emprendimientos más pequeños hasta las grandes corporaciones, todas generan empleo, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento. Sin embargo, en el Perú, se ha visto una preocupante tendencia a desconocer la naturaleza jurídica de las empresas al extender la responsabilidad por actos corporativos a sus accionistas y directores. Esto genera un clima de incertidumbre que desincentiva la inversión y la formalización de negocios. 

El principio de personalidad jurídica separada es fundamental en cualquier economía de mercado. Significa que una empresa es una entidad distinta de sus dueños y directores, lo que permite a los empresarios asumir riesgos sin poner en peligro su patrimonio personal. Sin esta separación, pocos estarían dispuestos a emprender, ya que cualquier error empresarial podría comprometer su bienestar y el de sus familias. 

Cuando los empresarios sienten que pueden ser perseguidos legalmente por decisiones corporativas que no tomaron personalmente, se genera un ambiente de temor e inseguridad. Esto reduce la creación de nuevas empresas y la atracción de inversión extranjera, lo que afecta la generación de empleo y el crecimiento económico. En cambio, cuando se respeta la personalidad jurídica, se fomenta la formalización de negocios y se fortalece el ecosistema empresarial. 

Es crucial que el Estado garantice un marco legal estable, donde la responsabilidad empresarial se enfoque en la rendición de cuentas de las empresas y no en la persecución de sus accionistas y directores sin criterios claros. La solución no está en debilitar la figura de la empresa, sino en fortalecer los mecanismos de cumplimiento y supervisión para que las compañías operen de manera ética y responsable. 

El año pasado, por ejemplo, el Tribunal del Indecopi interpretó que, en aplicación del Código de Consumo, los representantes, gerentes y directores de empresas responden por las infracciones cometidas por estas en temas de consumidor. 

Este año, dos casos ilustran este grave riesgo. Por un lado, el Ministerio de Energía y Minas viene impulsando la aprobación de una norma que modifica el reglamento para el cierre de minas. Según la propuesta, se extendería responsabilidad solidaria a los directores o accionistas mayoritarios de la empresa minera, ante el incumplimiento del plan de cierre de minas. 

De otro lado, la Superintendencia del Mercado de Valores ha incluido, como parte de su agenda temprana, la intención de generar una obligación, por parte de las empresas del mercado de valores, de dar a conocer las remuneraciones de sus directores y alta gerencia. Esta información ya se presenta de manera desagregada, por lo que no existiría necesidad alguna de individualizarla, con los riesgos de seguridad que ello podría generar. 

Promover la empresa privada y respetar su estructura jurídica no es solo una cuestión de justicia, sino una estrategia clave para el desarrollo económico del país. Un Perú con reglas claras y previsibles atraerá más inversión, generará más empleo y consolidará un sector empresarial dinámico y competitivo, capaz de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¡No ahuyentemos a la empresa privada!