The Heritage Foundation y Wall Street Journal publicaron recientemente el Índice de Libertad Económica 2022, que evalúa el desarrollo de políticas económicas en distintos países alrededor del mundo. Para ello, analizan la evolución de las libertades económicas centradas en cuatro principales aspectos: el Estado de derecho, el tamaño de Gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura de mercados. Además, en función del grado de libertad, se clasifica a los países en cinco categorías: libres, mayormente libres, moderadamente libres, mayormente no libres y reprimidos.

El Perú ocupó el puesto 51 de las 177 economías evaluadas, con un puntaje de 66.5, lo que le confiere una denominación de economía “moderadamente libre”. De esta manera, el país retrocedió una posición respecto de 2021. Cabe resaltar que, desde 2017, el índice que obtiene nuestro país se ha deteriorado. 

Este puntaje es superior al promedio mundial y nos coloca en el tercer lugar entre las 10 economías sudamericanas. Por delante de nuestro país, Chile y Uruguay, con puntuaciones de 74.4 y 70 respectivamente, son los únicos países de la región que se clasifican como mayormente libres.

El Perú obtiene sus peores resultados en la categoría de Estado de derecho, específicamente en los pilares de integridad gubernamental y efectividad judicial. The Heritage Foundation describe que el poder judicial es independiente, pero también es vulnerable a la interferencia política y la corrupción. Además, los tribunales tardan en conocer los casos y emitir las decisiones.

Asimismo, resalta también que la corrupción está muy extendida y afecta a toda la sociedad y todos los niveles de gobierno, especialmente a la contratación pública. En ese sentido, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República (CGR), el cálculo del tamaño de la corrupción e inconducta funcional del Gobierno para los años 2019 y 2020 fue de S/ 23,397 millones y S/ 22,059 millones, respectivamente, lo que equivale a un 3% del PBI (ver Semanario 1108).

En la misma línea, otro resultado preocupante es el pilar Libertad de negocios. El reporte afirma que los procesos de registro y puesta en marcha de una empresa son engorrosos, largos y costosos. Esto va en línea con el Doing Business en el Perú 2020, el cual sostiene que la obtención de la licencia de funcionamiento supone el 73.4% del tiempo total que tarda la apertura de una empresa en el Perú. Mientras que en Colombia, México, Panamá y Uruguay —países entre los más rápidos de Latinoamérica en abrir una empresa— no se exige este requerimiento.

Asimismo, completar los trámites de previos al registro y durante el registro de una empresa toma el triple de tiempo en el Perú que en Colombia, Costa Rica, Panamá o México, donde este proceso puede completarse en menos de 5 días.

BUENOS DESEMPEÑOS

Por otro lado, el pilar Gasto de gobierno, dentro de la categoría Tamaño del Estado, es en el que nuestro país alcanza su mejor desempeño. Esto se basa en el déficit fiscal del 2.5% en 2021 y que el gasto en los últimos tres años fue del 23% del PBI, en promedio.

En ese sentido, en nuestro sexto Reporte de eficacia de gasto público, se expone que los tres niveles de gobierno incrementaron la ejecución del presupuesto público total en 2021. El gasto público ejecutado ascendió a S/ 199,613 millones, con lo que registró un incremento del 9.3% respecto del total ejecutado en 2020.

Este desempeño estuvo liderado por el importante avance del Gobierno nacional, que registró un devengado de S/ 125,917 millones, equivalentes al 91% del presupuesto destinado. Así, el nivel de Gobierno nacional ha marcado un récord histórico del gasto público en 2021.

Otro pilar para destacar es el de Libertad comercial. Nuestro país ha suscrito 24 acuerdos comerciales, lo que le ha permitido acceder a mercados cada vez más grandes, favorecido nuestras exportaciones y ampliado el número de empresas y empleos dedicados al comercio exterior. Como muestra de ello, nuestras exportaciones alcanzaron un récord en 2021, al totalizar envíos por un valor de US$ 57,088 millones.

Una vez más, el pobre desempeño de nuestro Estado de derecho queda en evidencia. Si bien los resultados en varios componentes son alentadores, no olvidemos mejorar aquellos en los cuales nos encontramos muy por detrás de nuestros pares de la región. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, es esencial y la mejora en la eficiencia de procedimientos administrativos es necesaria para mejorar la situación de las empresas y la productividad en general.

Asimismo, cuidar nuestra libertad comercial afianzando los tratados con países socios es clave. No se deben establecer medidas antitécnicas como salvaguardias a las importaciones (ver semanarios 1102, 1105), que solo perjudicarían a los consumidores y las empresas importadoras.