El 88% de los proyectos de electrificación rural priorizados por el Estado están en manos de los Gobiernos regionales y las municipalidades, quienes en el pasado no han logrado avances significativos con los proyectos que tenían en cartera. 

El Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2024-2033 detalla la lista de obras que ampliarán la frontera eléctrica rural. A 2022, todavía falta cubrir un 15.5% de las viviendas rurales con este servicio. Si bien el PNER delinea los objetivos del sector hacia 2033, la lista corresponde a proyectos por ejecutar entre 2024 y 2026, con la meta de incrementar la cobertura eléctrica rural hasta el 96% de viviendas. 

Las entidades encargadas de ejecutar estos proyectos son las siguientes:

1.   La Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entidad de competencia nacional y líder del sector.

2.   Empresas públicas distribuidoras de electricidad.

3.   Gobiernos subnacionales (regionales y locales).

La distribución de los proyectos tiene como principales actores a los últimos. Las municipalidades son responsables de un 77% del total de las obras, mientras que los Gobiernos regionales, de un 11%. En términos de la inversión involucrada, la DGER es la entidad más relevante, con S/ 3,297 millones, seguida por los Gobiernos subnacionales, con S/ 2,793 millones. 

El problema con esta distribución es que la mayor parte de los proyectos están en manos de las entidades que menos ejecutan su presupuesto para la electrificación. Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que las municipalidades tienen el menor porcentaje de ejecución en los últimos años. Los Gobiernos regionales ejecutan un poco más, pero ambos grupos son muy inferiores a la DGER que, salvo en 2020, ha alcanzado una ejecución cercana al 90% cada año. 

Los datos de 2024 también confirman esta diferencia entre ejecutores. Al 21 de mayo último, la DGER ya ha ejecutado un 44.2% de su presupuesto para inversión pública en electrificación. En cambio, los Gobiernos regionales solo han logrado ejecutar un 23.7% y los locales, un 20.1%. 

Ahora bien, ir al extremo de encargar el 100% de la lista a la DGER tampoco es realista. Existen proyectos de menos de S/ 100,000 de inversión que se alinean más con la labor de una municipalidad pequeña que a la de todo un ministerio. No obstante, el rendimiento de los Gobiernos subnacionales no invita a pensar que se alcanzará la meta a 2026. 

Por ejemplo, en Áncash, el Gobierno regional es la entidad encargada del monto más alto de inversión, según el PNER (S/ 31.9 millones), que corresponden a cinco proyectos que dotarían de electricidad a 3,741 viviendas. Hablamos de un Gobierno regional que, en 2018, tuvo un presupuesto de inversión pública para electrificación rural de S/ 7.5 millones, de los cuales ejecutó apenas un 7.3%. En 2019, contó con S/ 11.7 millones, pero ejecutó un 6.6%. En 2020, S/ 11.4 millones y un 3.2%. En 2021, S/ 983,125 y un 17.7%. En 2022, S/ 19.6 millones y un 14.7%. Y en 2023, bajo una nueva administración, S/ 6.2 millones y el 51.9%. Cinco años con una ejecución paupérrima y un año en el que a duras penas pasó el 50%. 

En Apurímac, de acuerdo con lo planteado en el PNER, las municipalidades ejecutarán 53 de los 56 proyectos, con una inversión de S/ 90.2 millones, para dar acceso al servicio a 9,741 viviendas. Se trata de las mismas municipalidades que, entre 2018 y 2023, han manejado un presupuesto total de S/ 10.7 millones para electrificación rural y solo ejecutaron S/ 7.5 millones. Es decir, se necesita que las municipalidades de Apurímac inviertan en tres años 12 veces lo que invirtieron en seis. 

Que los Gobiernos subnacionales se encarguen de su propia cartera de proyectos no es por sí mismo algo negativo. Pero poner en sus manos el cierre de una de las brechas sociales más relevantes, cuando resulta claro que está más allá de lo que son capaces de hacer, es una irresponsabilidad. 

Haría bien el Gobierno en encargar muchos más proyectos a la DGER y reorganizar los miles de proyectos de los Gobiernos subnacionales para dar más peso a entidades con buenos resultados de ejecución de su presupuesto para electrificación. El resto podría ejecutarse bajo otros mecanismos, como obras por impuestos, o agruparse ciertas intervenciones para tener proyectos de mayor dimensión en los que el sector privado pueda participar o, por lo menos, colaborar con el sector público.