Innumerables son las veces que se presentan iniciativas desde el Congreso de la República para elevar la carga tributaria del sector minería. Es la de todos los años y la de nunca acabar. Incluso, desde el Ejecutivo, en el marco del pedido de facultades legislativas de finales de 2021, se planteó el “perfeccionamiento” del régimen fiscal minero, so pretexto de aprovechar los precios altos del cobre y que las empresas mineras “compartan un poquito más”. 

El pasado 7 de mayo, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se discutió el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 4429/2022-CR y 5738/2023-CR, que proponen una nueva tributación para la minería y así aumentar la carga fiscal del sector. Con esto, el Legislativo buscaría la obtención de recursos fiscales necesarios para el cierre de brechas sociales y de productividad, según lo expuesto en el predictamen. 

Sucede que el Perú es uno de los países mineros con mayor carga tributaria a nivel mundial, incluso por encima de Australia, Canadá y Chile. Se estima que casi el 50% de las utilidades de las empresas mineras se destinan al pago de impuestos, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía. 

Las empresas del sector pagan un impuesto a la renta en función de la rentabilidad de su negocio. Ganan más, pagan más. El régimen fiscal minero peruano es progresivo y competitivo, por eso permite aprovechar las épocas de precios altos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El aporte del sector a la economía nacional fue alrededor del 12% del PBI en 2023. En los últimos tres años generó, en promedio, el 13.5% de la recaudación fiscal. Asimismo, las transferencias mineras por concepto de canon y regalías de los últimos diez años ascendieron a más de S/ 40,000 millones. 

Claramente, el problema no está en lo que generan ni en la carga fiscal que afrontan (aunque podrían hacerse ajustes en favor de la inversión), sino en lo que se hace o se deja de hacer con los cuantiosos recursos que se transfieren al Estado.

Año tras año, los Gobiernos regionales y las municipalidades dejan de usar estos recursos, más aún los transferidos por conceptos de canon y regalías, en desmedro de la población. Solo en 2023, se dejaron de ejecutar S/ 6,067 millones del presupuesto para inversión pública financiado con este dinero. En los últimos diez años, el monto ascendió a S/ 42,018 millones.

Si lo que se quiere es cerrar brechas sociales e incrementar la productividad, es necesario replantear las competencias y la autonomía de los Gobiernos regionales y las municipalidades. Insistir con un modelo de descentralización que no cumple con el objetivo de alcanzar el desarrollo integral y sostenible del país, y tampoco mejora la prestación de servicios públicos ni, mucho menos, eleva el nivel de vida de la población, es perder el tiempo.

Hagámonos un favor. Estado y sociedad civil; prensa y academia; todos. Demandemos reformas en la descentralización. El “costo político” de plantearlo y hacerlo no se compara con los beneficios que traería consigo tanto en materia de eficiencia como en mejoras en la ejecución de los recursos públicos y el bienestar de la población. 

*Publicado en Infobae el 10.05.2024