En el primer semestre del año, el PBI creció un 4.3%, con lo que se han logrado 18 semestres consecutivos de crecimiento. Hoy, el Perú tiene un sólido modelo económico basado en la apertura e integración con el mundo, y en el que la inversión es el motor del desarrollo.

Así, si bien en 2017, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, la inversión pública registró una caída del 2.3%, en el primer semestre de 2018 se viene revirtiendo la tendencia negativa de los últimos cuatro años, al mostrar un crecimiento del 7.6%. Por su parte, la inversión privada creció un 0.2% en 2017; mientras que, en el primer semestre del año, aumentó un 6.9%. Esta mejoría ha estado ligada a un mayor dinamismo de las obras de reconstrucción por el fenómeno de El Niño costero, los Juegos Panamericanos, así como a la inversión en minería. Y estos resultados se traducen en un crecimiento de la economía.

En este marco, la inversión en infraestructura es fundamental para lograr la conectividad del país, mejorar la calidad de vida de la población, impulsar la eficiencia, reducir los costos de las cadenas productivas y mejorar la competitividad de nuestro comercio exterior.

Según el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, por encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la brecha de infraestructura es de US$ 160,000 millones, aproximadamente. Destacan las brechas del sector transporte (36%), energía (19%) y telecomunicaciones (17%). Claramente, el cierre de dicha brecha no se viene atendiendo como el país lo requiere, debido a factores como la ineficiencia de la ejecución del Estado, trabas burocráticas a la inversión, así como escándalos de corrupción asociados al caso Lava Jato.

Según dicho estudio, cerrar la brecha requeriría de una inversión promedio anual del 8.27% del PBI. Esto no incluye los daños ocasionados por El Niño costero ni los retrasos en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el gasoducto del sur o el aeropuerto de Chinchero. Por ejemplo, en el caso del Plan de Reconstrucción 2017-2020, se requiere de S/ 25,000 millones (rehabilitación, reemplazo y prevención), pero, lamentablemente, solo un 10% son obras terminadas o en ejecución.

Es crucial dar un verdadero impulso a la inversión en infraestructura. Para ello, es claro que la inversión pública por sí sola no es ni suficiente ni eficiente. Es fundamental fortalecer las capacidades del sector público para impulsar las asociaciones público-privadas (APP), tercerizando algunos aspectos del proceso y enmarcándolos en el diseño, de una vez por todas, de un Plan Nacional de Infraestructura que permita generar una ruta y visión de mediano plazo. En ese sentido, el Decreto Legislativo 1362 es un paso importante en la mejora del orden normativo y la posibilidad de contar con mecanismos más agiles de ejecución. Urge, sin embargo, fortalecer las áreas de formulación de proyectos de los ministerios. ProInversión ha avanzado con mejoras en sus procesos, mediante la incorporación de asesores externos de primer nivel, la preparación de contratos estándar para dar previsibilidad y transparencia, el fortalecimiento de la gestión social y ambiental de los proyectos, así como la promoción comercial.

Algunos resultados se están dando a través de la adjudicación de Michiquillay, el Terminal Portuario de Salaverry y las próximas concesiones portuarias de Marcona y Chimbote, así como las plantas de tratamiento de agua del lago Titicaca. Estamos retomando el impulso. ¡No lo perdamos!