Según la encuesta de El Comercio-Ipsos Apoyo 2018, un 57% de la población considera que la corrupción es el principal problema de nuestro país. En el recientemente publicado Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por Transparencia Internacional, el Perú se encuentra en la posición 105 de 180, junto con países como El Salvador, Zambia, entre otros. Nuestros socios de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile y México, se encuentran en las posiciones 99, 27 y 138, respectivamente.

Una de las principales causas de esta terrible situación, que nos cuesta millones a todos los peruanos, es la precaria institucionalidad con la que convivimos. El Perú sufre, por un lado, de un serio problema de legalidad y acceso a la justicia. Tenemos leyes, pero el problema es que nadie las cumple, y los mecanismos para castigar al que las incumple no funcionan. Por ello, reina la informalidad e ilegalidad. Por otro lado, tenemos un débil aparato público, con algunas excepciones, que no atrae a los mejores profesionales y donde no existe cultura del servicio al ciudadano. Aparato público que incluye, además, una “costra” de burocracia que es la principal traba para la provisión de estos mejores servicios.

Es por ello que mejorar el acceso a la justicia, recuperar la legalidad, reducir el tamaño del Estado, mejorar su eficiencia y la calidad regulatoria son aspectos fundamentales si queremos salir de este hoyo negro en el que nos encontramos.

Para hacer tortillas se requiere romper huevos y la lucha contra la corrupción requiere dar batallas importantes. Basta ver al alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien, junto con Susel Paredes, han declarado una guerra frontal contra la corrupción y las mafias que controlan el distrito, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Tienen el apoyo del pueblo. Solamente en el primer mes de gestión, la recaudación ha sido la más alta de los últimos 5 años, y un 50% más comparada con enero de 2018. El Ejecutivo debe apoyar a este distrito, ya que su éxito puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción distrital.

El ciudadano es parte de esta tarea también. No comprar artículos robados, no comprar a los informales, cumplir las normas de tránsito, pero además denunciar cualquier acto de corrupción, nos compete a todos. Los canales para estas denuncias deben abrirse, asegurar el correcto uso de la información y garantizar un castigo ejemplar para los corruptos.

Además, es fundamental que el sector privado ejecute acciones y esté alineado con un mensaje rotundo de tolerancia cero frente a la corrupción. No bastan mensajes tibios, complacientes ni justificativos. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos, no podemos permitir que algunos se escuden en vacíos legales o enredos de la normativa.

Una persona ética, con principios y valores jamás cruzará la línea. ¡Es momento de cerrar filas ante esta plaga! Los gremios empresariales —y ComexPerú ya lo hizo — debemos implementar sistemas de cumplimiento para prevenir actos de corrupción, políticas de buenas prácticas y códigos de ética, y separar sin ninguna consideración a aquellos que transgredan dichas normas.

¡La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos!