Diversos indicadores nacionales e internacionales señalan la preocupante situación que atraviesa el transporte urbano en Lima. Los accidentes de tránsito registrados en Lima Metropolitana ascendieron a 41,627 en 2023, un aumento del 10.2% en comparación con 2022, según el INEI. Además, Lima es la quinta ciudad con peor tráfico en el mundo, según el índice Tomtom Traffic, que mide el tránsito pesado en 387 ciudades. Los limeños pierden 157 horas al año debido al tránsito en las horas punta. 

Respecto a los servicios de movilidad urbana, el último reporte de Lima Cómo Vamos señala que un 34.4% de la población se movilizó en combi o coaster para llegar a su trabajo o centro de estudios, y un 42.2% se sintió insatisfecha con el servicio. También se observa un riesgo en la suspensión de algunos servicios, dada la poca regulación de las empresas informales, que surgen debido a que acogen la demanda que no cubre el sistema formal. 

Los corredores complementarios estuvieron en riesgo debido a una deuda que mantenía el Gobierno. El representante del corredor morado, Gerardo Hermoza, afirmó que la deuda ascendería a S/ 300 millones, monto que representa el dinero no recaudado por la existencia de transportistas informales y empresas formales habilitadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que operan en la misma ruta. Estos problemas no son nuevos, pues, en abril de 2023, la ATU anunció la suspensión temporal de las rutas 101 y 107 del corredor amarillo por complicaciones financieras de la empresa concesionaria. 

Una política de transporte urbano eficaz debe centrarse en un sistema masivo efectivo y complementarse con normativas que lo regulen. Sin embargo, se observa que las autoridades competentes están más enfocadas en regular esta última milla antes de tener una base. Por ejemplo, en 2022, se dispuso la Resolución Directoral N.° 017-2022-ATU/DIR, que dicta que los taxis independientes (por aplicativo) deben ser de color amarillo y anunció sanciones que empezarían a partir de julio. De esta manera, la ATU se enfocará en aplicar sanciones, aun cuando existen necesidades más urgentes donde se requiere enfocar los esfuerzos. 

La capital está lejos de tener un sistema eficiente y esto se refleja en el uso de alternativas informales. Por ejemplo, los taxis colectivos ofrecen mayor comodidad o ser más rápidos y directos, pero presentan un alto riesgo para sus usuarios. De los vehículos colectivos intervenidos en 2024, la ATU informó que uno de cada tres no contó con inspección técnica. Además, indicó que un 23.6% de las unidades intervenidas no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

Entre las iniciativas de otros tipos de transporte que, pese a su lentitud, sí generan expectativas de mejora, se encuentran la Línea 2 del Metro, cuyo primer tramo ya se encuentra en funcionamiento. También se tienen los proyectos de infraestructura que facilitarían la conectividad con el puerto de Chancay, mencionados en el Semanario 1196, como la Red Vial N.º 5 y el Ferrocarril Lima-Barranca; y los trenes de la Costa, que implementarían una línea ferroviaria por el litoral peruano. 

No se pueden permitir leyes que empeoren la ya limitada calidad del transporte urbano. Actualmente, se viene impulsando el Proyecto de Ley N.° 4909/2022-CR, por parte de la bancada de Perú Libre, que busca formalizar el irregular servicio de los taxis colectivos. Ante ello, la ATU señaló lo evidente: de aprobarse, sería un retroceso en el avance que se tenía en el sistema de transportes. 

Resulta importante dirigir los esfuerzos hacia la mejora del transporte público masivo, de forma que atienda la demanda de los servicios informales. Para afrontar esta situación, el Gobierno debe asumir una postura proactiva y abstenerse de promover propuestas de ley populistas o tomar decisiones que perjudiquen la integridad del sistema de transporte. En su lugar, es importante que se enfoquen en promover la sostenibilidad del sistema de transporte urbano y en llevar a cabo proyectos que fomenten su mantenimiento a largo plazo.