El Estado, como cualquier otro agente económico, percibe ingresos, tiene gastos, invierte y se endeuda. Cuando los gastos no financieros superan a los ingresos corrientes del Gobierno central, nos encontramos ante un déficit fiscal. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a agosto de este año, el déficit fiscal anualizado se encuentra en 2.9% del PBI, ligeramente mayor al resultado acumulado de 2016 (2.6%), en un contexto de caída de los ingresos y aumento de los gastos corrientes, aunque de menores gastos de capital (inversión). En nuestro país se registra un resultado fiscal negativo desde 2014, después de tres años de resultados positivos.

Así como lo hacen otros agentes económicos, el Gobierno también puede financiar su déficit mediante mecanismos como la emisión de bonos (deuda) y el uso de activos financieros. Sin embargo, el financiamiento del déficit no soluciona el problema de fondo que es el déficit en sí mismo, ocasionado por la caída de ingresos corrientes (por una baja presión tributaria o una desaceleración del PBI), y/o por un alto nivel del gasto público (tanto gastos corrientes como de inversión). Es por ello que el déficit fiscal no es sostenible en el largo plazo y que el marco macrofiscal de nuestro país, que busca garantizar permanentemente la sostenibilidad fiscal, la predictibilidad del gasto público y el manejo transparente de las finanzas públicas, actualmente establece como objetivo converger hacia un déficit fiscal del 1% del PBI en 2021.

Sin embargo, como se recuerda, la actual administración se ha planteado reactivar la economía en el corto plazo, primordialmente mediante una mayor inversión pública (ver Semanario N.° 902). Así, se espera una aceleración económica a partir de una política fiscal expansiva, enfocada en el plan de reconstrucción y el despliegue de infraestructura para los Juegos Panamericanos, y otros proyectos como el programa masivo de agua y desagüe, la Línea 2 del Metro, el Aeropuerto Internacional de Chinchero y el proyecto de irrigación Majes Siguas II. Con ello, se proyecta una tasa de crecimiento del 2.8% y el 4% del PBI para los años 2017 y 2018, respectivamente.

En este contexto de aumento del gasto público, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó elevar el déficit fiscal del 2.5% al 3% del PBI en 2017, del 2.3% al 3.5% en el 2018, del 2% al 2.9% en 2019 y del 1.5% al 2.1% en 2020, pero retornando a la meta original del 1% del PBI para 2021. Esta expansión deseada del gasto público en un contexto de mediano plazo de reducción del déficit fiscal solo sería posible si se incrementan de forma permanente los ingresos fiscales. En específico, según el MEF, esta expansión requiere de un crecimiento del 4.5% de los ingresos en el segundo semestre de 2017 y del 6.7% en 2018. Pero ¿qué tan factible es esto?

Al respecto, es importante recordar que la principal fuente de ingresos del Gobierno central está constituida por la recaudación tributaria. Así, de acuerdo con cifras de la Sunat, en el periodo 2011-2016, los ingresos tributarios representaron en promedio el 87.6% de los ingresos corrientes anuales del Gobierno central. Resulta preocupante, entonces, observar la disminución en la recaudación tributaria registrada en los últimos años. Mientras que en 2014 los ingresos tributarios ascendieron a S/ 95,395 millones, en 2016 alcanzaron S/ 89,375 millones, principalmente por una caída de los ingresos por el impuesto a la renta y el aumento de las devoluciones. Y en el primer semestre de 2017, los ingresos tributarios cayeron un 4.9% con relación al mismo periodo de 2016 y un 9% respecto del primer semestre de 2014. En julio, sin embargo, se revirtió esta tendencia y los ingresos tributarios crecieron un 4.3% respecto al mismo mes de 2016, lo que le brinda un poco de optimismo al panorama. 

Entonces, para lograr el objetivo de consolidación fiscal propuesto a 2021 e impulsar a la vez el crecimiento económico, será imprescindible continuar implementando medidas que amplíen la base tributaria, fomentando la formalización y la reducción de la evasión y elusión; así como racionalizar las exoneraciones y beneficios tributarios, mejorar los procesos de fiscalización de la Sunat y fortalecer su rol en cuanto a la recaudación municipal (ver Semanario N.° 852). Las medidas tributarias deben buscar posicionar a los ingresos del Gobierno central a niveles en torno al 20% del PBI en 2021, un nivel similar al promedio histórico 2000-2015 (20.5% del PBI), considerando también que nuestro país cuenta con una base de ingresos como porcentaje del PBI muy baja en comparación a nuestros pares de la región. Todo ello, sin vulnerar los principios de eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad del sistema tributario, ni afectar el entorno de negocios y la inversión privada. Ese será el reto.