“Si tenemos que cerrar instituciones se tendrá que hacer, no es un hecho arbitrario, corresponde a un proceso para asegurar que las instituciones de educación superior, universidades e institutos sean las mejores para nuestros estudiantes”. Esas fueron las declaraciones de la ministra de Educación en referencia a la reforma universitaria y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que a la fecha ha denegado el licenciamiento a 31 universidades y 2 escuelas de posgrado, es decir, el cese de un 27.2% de las universidades evaluadas a la fecha (114).

Según el informe Estado de la educación en el Perú, elaborado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), la Ley Universitaria, al restaurar el rol rector del Estado, así como su obligación de garante del derecho a una educación de calidad, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, abre la posibilidad de regular la oferta de servicios educativos en este nivel; además de revaluar las formas de regular y supervisar los otros niveles educativos, incluida la propia educación básica. La regulación per se no es mala y en mercados como el educativo es necesaria; de lo contrario, las 33 instituciones de educación superior cuyas licencias han sido denegadas seguirían funcionando. Es cierto que es bastante distinto hablar de alrededor de 66,000 escuelas a nivel nacional, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), en comparación con unas 145 instituciones de educación superior, pero a la par se debe garantizar su calidad educativa. Más allá de un reducido número de visitas que Indecopi realiza a colegios privados, no se cuenta con un mecanismo que asegure una calidad educativa mínima, independientemente de si el establecimiento es público o privado.

¿Se imaginan qué pasaría si se realizara una evaluación de este tipo a los colegios de primaria, secundaria o inicial actuales? Dada la aún débil institucionalidad con la que contamos, una idea de este calibre genera diversas dudas por su implementación, pero es una que merece la pena considerar. Como la evidencia lo ha demostrado, es importante que el supervisor sea independiente del supervisado, de modo que se establezcan y cumplan metas basadas en resultados. En la educación básica no existe un supervisor y se tiene al Minedu como ente rector y ejecutor, sin mayor separación de funciones. Una de las mayores deficiencias es la inexistencia de funciones de supervisión claramente definidas, además de que el Estado no ha tenido la capacidad de comunicar que, en ciertas condiciones, algunos colegios no deberían operar, de acuerdo con César Guadalupe, investigador especialista en educación.

Más allá de si las instituciones son públicas o no, es claro que una educación de calidad es un derecho y que las instituciones que brindan este servicio deberían garantizar condiciones básicas para una adecuada provisión. Así como ciertas universidades no debieron funcionar en principio, existirían colegios privados y públicos que están operando en condiciones sumamente inconvenientes. Estas condiciones deben ser consensuadas y hacerse cumplir. Sin embargo, como no se cuenta con un esquema de supervisión independiente, este problema persiste y hasta se ha normalizado. Por citar algunos ejemplos, según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en 2018, se encontraron al menos 1,577 escuelas privadas informales (1,376 con al menos alguno de sus niveles educativos sin autorización y 210 sin ninguna autorización). Esto significa que se tiene al menos un 23% de informalidad en el servicio educativo privado en Lima Metropolitana.

Los aprendizajes de los estudiantes son el reflejo de nuestro sistema educativo. Según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), un grupo bastante reducido de la población estudiantil se desempeña satisfactoriamente en las áreas evaluadas, lo cual es más crítico en departamentos como Loreto o Ucayali, donde más de la mitad de sus estudiantes se encuentra “previo al inicio” o “en inicio” en Matemáticas, por ejemplo, y el resultado no parece mejorar en el tiempo. Existe cierto consenso sobre algunos elementos básicos para garantizar que un estudiante aprenda, pero gran parte de los colegios no cuentan con ellos. Por ejemplo, en 2018, el 83.7% de los colegios públicos se encontraba en mal estado (86.3% en el área rural), un 47.8% no contaba con suficientes pizarras, un 22.9% no poseía suficientes carpetas, el 69.2% no tenía los tres servicios básicos, entre otras falencias. Y si analizamos esto a nivel más desagregado, existen departamentos, como los mencionados, donde menos de un 10% de sus locales escolares cuenta con conexión a agua.

Es fundamental que las políticas educativas tengan como prioridad hacer que el sistema educativo brinde igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de los individuos y la sociedad en su conjunto; sin embargo, esto no será posible si tenemos colegios inadecuados. A pesar de que un proceso de licenciamiento es solo una parte de ello, podría ser un buen comienzo para que el Minedu y las direcciones regionales de educación cuenten con una supervisión efectiva, tanto para colegios públicos como para privados, y puedan acelerar la implementación de mejoras.