El incremento de la pobreza monetaria durante el año pasado implica un mayor grado de vulnerabilidad económica en la población del Perú, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de los hogares para asegurar niveles adecuados de alimentación, sobre todo ante el incremento general en los precios de los alimentos. Por esto, cobran relevancia las intervenciones estatales orientadas a garantizar la ingesta adecuada de alimentos, con la finalidad de evitar problemas de desnutrición crónica en los hogares de menores ingresos. 

Ante el escenario señalado, en mayo de este año, el Gobierno anunció el incremento presupuestal del Programa del Vaso de Leche (PVL) en S/ 100 millones. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en los últimos años, el presupuesto total de dicho programa se situó alrededor de S/ 400 millones, de manera que con el incremento superaría los S/ 500 millones. Un aspecto positivo por resaltar es que, durante 2019 y 2020, el programa ejecutó más del 90% del presupuesto asignado y atendió a más de 1.5 millones de personas, según estimaciones de la misma institución. 

Sin embargo, el programa enfrenta problemas graves, especialmente en la focalización de los beneficiarios. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), para acceder es necesario estar en condición de pobreza o pobreza extrema; no obstante, más de la mitad de los beneficiarios no cumplen con este requerimiento. Este es un problema recurrente, como hemos destacado en años anteriores (ver semanarios 938 y 1081). 

De acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el PVL atendió a 993,798 hogares a nivel nacional en 2022. De esta cantidad, un total de 554,535 hogares (55.8% de los beneficiados) no estaban en condición de pobreza. Si analizamos la evolución durante los últimos años, destaca que suele haber más de medio millón de hogares no pobres beneficiarios, mientras que generalmente se registran menos de 100,000 hogares en condición de pobreza extrema. 

Esta situación se agrava en el interior del país, donde la proporción de hogares no pobres que se benefician del programa supera el 60% en 12 departamentos. Los peores resultados pertenecen a Ica (89.4% de hogares beneficiados no son pobres) y Lambayeque (83.5%). Pero en Madre de Dios (79.5%), Tumbes (71.6%) y Tacna (70.7%) la proporción de infiltrados también supera el 70%. 

También es importante destacar que en Lima se registra la mayor cantidad de hogares no pobres que acceden al PVL, con 141,369 hogares infiltrados. El segundo departamento que registra la mayor cantidad de hogares que no debieron haber recibido el programa es Piura, con 37,353 el año pasado. Lamentablemente, estos errores en focalización se traducen en menores recursos asignados a la población que más los necesita y, en el extremo, se deja de incluir a la población que debería ser beneficiada por mantener a aquellos hogares infiltrados. 

¿POR QUÉ OCURREN ESTAS INFILTRACIONES?

De acuerdo con el Midis, las municipalidades son las encargadas de la implementación del programa, de manera que son responsables de que este llegue a la población objetivo. Son ellas las encargadas de la selección de los beneficiarios y quienes deben enviar el registro actualizado de usuarios inscritos cada semestre al Midis. En ese sentido, la incorporación de hogares no pobres radica en el análisis de los criterios de selección por parte de las municipalidades y la falta de corroboración por parte del ministerio correspondiente.  

Es importante enfatizar que, a pesar de lo simple que pueda parecer esta tarea, en la práctica existe el riesgo de no medir apropiadamente las condiciones de acceso. Por ejemplo, es probable que el equipo de las municipalidades carezca de la capacitación adecuada para determinar el poder adquisitivo de las familias. Esto se agrava si consideramos que aquellos hogares más próximos a la línea de pobreza tienen incentivos para declarar erradamente (es decir, fingir ser pobres) con tal de acceder a la ración diaria de alimentos que otorga el programa. 

Esta situación es un problema común cuando se evalúan los requerimientos para acceder a programas sociales, y también ocurre en otros países, pero puede resolverse con capacitaciones y mejoras en el mecanismo de monitoreo para diferenciar a aquellos que deben acceder y a quienes no. Parte del motivo por el cual los hogares infiltrados deciden mentir sobre su capacidad adquisitiva radica en que ya no pueden acceder al resto de programas alimentarios. En detalle, el 44.2% de los hogares infiltrados recibe solo el Programa del Vaso de Leche, mientras que el 73.4% de aquellos adecuadamente inscritos en dicho programa recibe al menos un programa alimentario adicional (Qali Warma, Wawa Wasi, comedores populares, entre otros), de acuerdo con estimaciones de la Enaho. 

Sin embargo, es importante enfatizar también que existe una diferencia sustancial en el poder adquisitivo de ambos grupos. Esto porque el ingreso mensual promedio del hogar para los hogares correctamente focalizados fue S/ 1,695 durante el año pasado, pero en los hogares infiltrados la cifra ascendió a S/ 2,810, casi el doble. Ante dicha diferencia, lo que estaría ocurriendo al momento de determinar quiénes acceden o no al programa es una notoria falta de capacidades para supervisar las condiciones de elegibilidad u omisiones intencionales de las municipalidades.  

Ahora bien, ninguno de estos problemas se resuelve con un incremento presupuestal, el cual solo genera un espacio adicional para beneficiar a más hogares que no deberían acceder al programa. Estos recursos adicionales podrían haberse destinado a otras iniciativas mejor focalizadas o a concretar proyectos de inversión pública vigentes. Solo mediante una mayor fiscalización del programa y la capacitación técnica a las municipalidades se logrará utilizar adecuadamente el presupuesto de S/ 500 millones del que ahora dispondrá el PVL.