La situación de inseguridad que vivimos ha alcanzado un punto crítico, y es hora de que el Congreso de la República, el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público asuman su responsabilidad para enfrentarla de manera decidida. Estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado. 

Esta inseguridad viene afectando por igual a puestos de mercado, conductores de taxi, empresas de transporte, bodegas; es decir, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y hasta comedores populares. ¡Inaceptable! 

La seguridad es un pilar fundamental para promover la inversión privada, principal motor de la economía. Ahora que en noviembre seremos anfitriones de importantes reuniones del APEC, ¿cómo pretenderemos atraer más inversión al país con estos niveles de inseguridad? 

Según la última Encuesta Económica Anual del INEI, las empresas medianas y grandes destinan, en promedio, el 5.6% de sus ingresos netos a medidas de seguridad. En sectores con altas tasas de victimización, como transporte, este gasto alcanza hasta un 10%. 

Necesitamos que nuestras autoridades se pongan a trabajar para mejorar la seguridad de inmediato, diseñen una estrategia clara y brinden a la población soluciones a la creciente ola de inseguridad que vivimos. El futuro del país está en juego. 

¿Qué hacer? Acá algunas recomendaciones:

1. Convocar un Consejo de Estado, con intervención de distintas autoridades, como Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial, Policía, Ministerio Público, Sunat, entre otras.

2.  Que el Congreso apruebe la tipificación del delito de terrorismo urbano y derogue la ley que modificó el Código Penal y que, en la práctica, ha significado relajar la persecución del crimen organizado.

3.  Y, finalmente, de nada sirven las leyes si no tenemos buenos operadores que las hagan cumplir. Se necesita fortalecer a policías, jueces y fiscales. Existen buenos elementos. Que ellos asuman la iniciativa. 

Y a lo anterior hay que sumar el auge de las economías ilegales, cuyo ejemplo más claro es la minería ilegal. Esta se ha convertido en la primera actividad ilícita en el Perú, por encima del narcotráfico. Es la fuente principal de lavado de activos y trabaja con redes de crimen organizado que financian sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos. 

No está solo en Madre de Dios, Puno o Pataz, sino en todo el territorio nacional. Algunos datos que causan gran preocupación: 

·   El 44% de toda la producción de oro nacional es ilegal y supera los US$ 4,000 millones.

·   El total de oro ilegal que se exporta desde el Perú supera el oro formal de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. 

¿Qué hacer? Lo más urgente es no prorrogar el Reinfo y ejercer mayor fiscalización y trazabilidad de los insumos (cianuro, mercurio, etc.) usados en esta actividad. Asimismo, permitir el financiamiento privado de partidos políticos. Continuar con esta restricción genera que las economías ilegales sigan e incrementen su participación en la política nacional. ¡Esto debe cortarse de raíz! 

Si las autoridades no toman decisiones firmes y urgentes, el país continuará cayendo en manos del crimen organizado y las consecuencias serán desastrosas no solo para la economía, sino para el tejido social. La seguridad es un derecho básico que el Estado está obligado a garantizar, y es hora de que nuestras autoridades asuman ese compromiso con seriedad y determinación.

El mensaje es claro: ¡basta ya! Necesitamos una respuesta contundente y urgente frente al crimen organizado. Las autoridades tienen la responsabilidad y el deber de actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde.