En la década del 90, el Perú realizó una serie de reformas fundamentales para recuperar la credibilidad internacional, reinsertarse en los mercados internacionales y atraer inversión. La tarea no fue fácil, porque nadie creía en el Perú. La recuperación de la confianza ha tomado años, y hoy nuestro país recibe inversiones en todos los sectores económicos, lo que genera empleo formal; incentiva la transferencia de conocimiento, innovación y competitividad, y, en suma, genera oportunidades económicas para la población. Un círculo virtuoso que parte del entendimiento de que el sector privado es el que genera empleo a través de la inversión, y no un Gobierno por decreto.

El respeto a la seguridad jurídica, la predictibilidad de las reglas de juego y la transparencia han sido claves para que la inversión sea el motor que nos permita alcanzar un dinámico crecimiento económico y reducir la pobreza. Y, en este marco, el cumplimiento de la ley y el valor de la palabra del Estado peruano al firmar contratos han sido fundamentales.

Sin embargo, lo que sucede en nuestro país está dilapidando la confianza que tanto costó reconstruir. Un Estado lento en el manejo de los conflictos sociales, con reacciones tardías, sin una estrategia sólida y acciones temerosas que golpean seriamente la credibilidad de nuestro país. Un Estado que no cumple la ley y que no protege al que la cumple. Basta ver cómo jueces y fiscales no ejercen su autoridad y se mantienen impávidos frente a quienes afectan la infraestructura pública y ejercen violencia, o haciéndolo no cuentan con la debida protección frente a amenazas recibidas contra ellos mismos y sus familias; o policías enviados a desbloquear vías o resguardar instalaciones de interés nacional, sin los recursos suficientes o adecuados.

Un Estado que, por ejemplo, en el caso de Las Bambas, no tiene un mensaje articulado frente a los diferentes actores y que no parece hacer nada por liberar una vía pública, desconociendo el artículo 283 del Código Penal, que configura como delito penado con cárcel el entorpecimiento del funcionamiento del transporte o de servicios públicos, con el agravante de actuar con violencia o causar daños a la propiedad.

Y es la misma inacción demostrada ante la huelga de camioneros o en el caso del daño al oleoducto Norperuano, al ceder al chantaje de aquellos que usan el bloqueo de vías como un arma política, que claramente se vuelve más efectivo cuando se suma el uso de la violencia y hasta la ocurrencia de pérdidas de vidas.

Y lo mismo estamos comenzando a ver en el caso de PeruRail, donde operadores turísticos informales captan a turistas y bloquean la vía férrea obligando a la empresa a abrir las puertas del tren para que suban sus “clientes”, con una total ausencia de autoridad y de fiscalización. Informales que ponen en peligro a decenas de turistas y generan graves riesgos, como lo ocurrido en julio del año pasado, en que se produjo un choque de trenes por el bloqueo de las vías.

No podemos poner en riesgo la credibilidad del Estado y, para ello, se debe hacer cumplir la ley. No hacerlo solo genera más caos y debilita al Gobierno. Seguir así nos llevará a un peligroso 2021, con el riesgo de que triunfen propuestas políticas que han probado ser fallidas en la región. ¡No podemos permitirlo!