El presupuesto destinado a seguridad y orden público ha crecido en los últimos años, pero su ejecución muestra brechas significativas entre departamentos y niveles de gobierno. ¿Cómo se distribuyen y gestionan estos recursos en un contexto de creciente inseguridad?

El Perú enfrenta un preocupante deterioro en la seguridad ciudadana. Como expusimos en el Semanario 1250, delitos como las extorsiones, los robos al paso y el sicariato se han vuelto parte del día a día en distintas regiones, y afectan tanto a ciudadanos como a empresas. Esta situación ha elevado la percepción de inseguridad y puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado en materia de orden interno.

Ante este escenario, la política pública en seguridad cobra especial relevancia. Si bien el presupuesto asignado a esta función ha crecido en los últimos años, persisten dudas sobre su eficiencia, focalización y capacidad para responder a las realidades territoriales. Una ejecución presupuestal más rápida no necesariamente se traduce en mayor efectividad, especialmente si no está acompañada por una adecuada planificación y mecanismos de evaluación.

En 2025, la función de Orden público y seguridad cuenta con un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 16,958 millones , lo que la ubica como la sexta con mayor asignación. Aunque evidencia una ligera caída frente a 2024 (-1.5%), se mantiene por encima del nivel registrado en 2023 (S/ 15,056 millones).

En términos de ejecución, el primer trimestre muestra una mejora sostenida: el avance fue del 25.4% en 2025, frente al 21.5% en 2024 y el 20.5% en 2023. Este incremento sugiere una mayor celeridad en la implementación de programas de seguridad, aunque no garantiza, por sí solo, un impacto concreto en la reducción del crimen.

No obstante, al revisar los datos departamentales, se evidencian brechas significativas. Áncash (49.3%), La Libertad (49.4%) e Ica (36.6%) destacan por su ejecución presupuestal, mientras que Ucayali (15.4%), Tacna (16.4%) y Apurímac (15.7%) se ubican entre los más rezagados. Esta heterogeneidad plantea interrogantes sobre las capacidades de gestión territorial, así como sobre los criterios utilizados para asignar y ejecutar recursos.

Además del ritmo de ejecución, el análisis per cápita ofrece una perspectiva complementaria sobre la equidad en la distribución del gasto. Lima lidera el ranking, con un presupuesto de S/ 879 por habitante, seguida por Tumbes (S/ 781) y Lambayeque (S/ 539), lo que refleja una fuerte concentración de recursos en zonas densamente pobladas o consideradas estratégicas. Por el contrario, regiones como Cajamarca (S/ 134), Loreto (S/ 147) y Amazonas (S/ 178) presentan los niveles más bajos de gasto por habitante, pese a enfrentar también retos relevantes en materia de seguridad.

Estas diferencias reflejan tanto desigualdades en la capacidad de gestión como posibles limitaciones en los criterios de asignación. Incorporar una perspectiva per cápita contribuye a visibilizar la urgencia de una distribución más equitativa y focalizada de los recursos. El gasto debe responder no solo a niveles poblacionales, sino también a condiciones de vulnerabilidad y exposición al delito. 

La función de orden público y seguridad se divide en varias áreas con objetivos específicos. En el primer trimestre de 2025, las de mayor ejecución fueron Gestión de riesgos y emergencias (39%), Control de drogas (31%) y Asistencia social (23.6%). Dentro de la división funcional de Orden interno (22.5% de avance), se agrupan componentes clave como operaciones policiales, seguridad comunal y control migratorio. Entre las líneas más visibles figura la reducción de delitos y faltas, que incluye el fortalecimiento del serenazgo y la mejora del equipamiento para la seguridad vecinal.

Pese a su impacto directo en la percepción ciudadana, muchas de estas divisiones no logran una ejecución uniforme entre regiones. La ausencia de resultados presupuestales definidos en varios componentes también dificulta evaluar su impacto real. Esto refuerza la necesidad de mejorar la planificación y el seguimiento dentro de cada subdivisión, a fin de garantizar coherencia con las prioridades del país.

El análisis por nivel de gobierno confirma la concentración del gasto en el ámbito nacional. En 2025, el Gobierno nacional administra más del 82% del presupuesto de seguridad, frente al 14.4% de los Gobiernos locales y solo 3.3% de los regionales. Además, ejecuta con mayor celeridad: alcanzó un 26.6% en el primer trimestre, con lo que supera a los Gobiernos locales (21.3%) y regionales (15.1%). Esta tendencia se repite en años anteriores y evidencia las limitaciones operativas del nivel subnacional. Las brechas también reflejan desafíos estructurales en la descentralización del gasto público.

En conjunto, el análisis del gasto en seguridad muestra avances presupuestales, pero también revela disparidades importantes entre regiones, niveles de gobierno y divisiones funcionales. En un contexto de creciente inseguridad, es indispensable fortalecer las capacidades locales, optimizar los sistemas de seguimiento del gasto y vincular la planificación con resultados concretos. Invertir mejor en seguridad no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo, dónde y con qué impacto se hace.