En los últimos meses, Bolivia enfrenta un desabastecimiento de diversos productos de primera necesidad, principalmente de gasolina. Esto se debe a una crisis económica que ha reducido sus reservas energéticas y de divisas. En nuestro país, en vísperas de un año electoral, esto nos debería llamar a la reflexión sobre partidos o candidatos que representan al Estado empresario y van en contra del libre mercado. 

Bolivia registró déficits fiscales de alrededor del 8% de su PBI en los últimos años, debido a menores exportaciones de gas y mayores gastos del Gobierno. El país depende sustancialmente de esta industria, la cual está nacionalizada desde 2006, al igual que la petrolera. Esta situación generó que Bolivia empiece a utilizar sus reservas internacionales para solventar los gastos desde 2014, pero ya habría agotado el 90% de estas, de acuerdo con el Banco Mundial. 

Pese a que el Gobierno apuntaba a recuperar su soberanía económica y conseguir mayores ingresos para sus programas redistributivos, la industria boliviana apenas produce una fracción minoritaria de su demanda interna, que inclusive disminuyó drásticamente en la última década. La producción nacional de gasolina automotriz pasó de representar del 77.8% al 40.8% de la demanda interna entre 2014 y 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano. 

Esto también sucedió con el diésel que disminuyó de 49.7% a 12.2%, durante el mismo periodo. Y, con el gas licuado, donde la participación en la demanda interna se redujo de 20.7% a 10.7% en la última década. Sin embargo, con la ausencia de una reserva de dólares, ahora Bolivia enfrenta escasez de gasolina, lo cual paraliza la producción nacional y conlleva a la escasez de otros productos y servicios en perjuicio de la población. 

Los problemas en la administración de la industria de hidrocarburos fueron evidentes, con mejoras mínimas en la productividad del sector tras la nacionalización en 2006, que, tras alcanzar un máximo histórico en 2014, desaparecieron. Tanto es así que, en los últimos años, la producción interna de petróleo retrocedió a niveles inferiores a los de 2005. Esto ocurrió en simultáneo con el aumento constante en el consumo interno de petróleo y gasolina, que el Gobierno nunca pudo satisfacer con la producción nacional. 

Entre los principales factores que explican la reducción en las exportaciones de gas natural destaca la falta de exploración de nuevos yacimientos, producto de la ausencia de inversión privada y de reinversión pública a largo plazo. Estas pasaron de representar US$ 6,011 millones en 2014 a tan solo US$ 1,615 millones en 2024, según cifras del INE. La situación podía evitarse permitiendo la participación de empresas privadas que incrementen la inversión en el sector y diversifiquen el riesgo, que actualmente recae sobre un único gestor. 

Las consecuencias de una mala política fiscal

Un grave error que cometió Bolivia fue asumir que el boom exportador que explicó su crecimiento durante la década pasada sería eterno y compensaría por sí solo el mayor gasto fiscal. Bolivia no reinvirtió en explorar nuevos yacimientos ni diversificó sus fuentes de ingreso, pero sí aumentó su presupuesto público de US$ 28,156 millones en 2014 a US$ 38,461 millones en 2024[1], según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia (MEFP).

Según el MEFP, de 2014 a 2024 se vio una reestructuración del presupuesto público boliviano hacia menor inversión, que pasó del 22% al 16% del total, y mayor gasto corriente, que pasó del 55% al 59%. Esto se explica principalmente por un aumento en el pago de sueldos y jornales, que subió del 14% al 19%, así como menor formación bruta de capital fijo, que pasó del 17% al 12%. 

Es importante considerar que múltiples empresas públicas, que según el INE representaron un 28.8% del presupuesto en 2024, reportaron pérdidas anuales de hasta US$ 90 millones en los últimos años, según estudios realizados por el economista Julio Linares y Aldo Terrazas, diputado de Comunidad Ciudadana. La solución sería implementar mejoras en su eficiencia o liquidarlas. 

El caso de Bolivia ejemplifica las consecuencias del gasto fiscal irresponsable. Un Gobierno debe invertir en factores determinantes para el desarrollo a largo plazo, como educación, salud e infraestructura. Por el contrario, destinarlo a inversiones que no traen retorno a largo plazo que permitan dichos gastos crea condiciones propicias para desbalances y crisis, algo que debemos detectar en las propuestas de candidatos a la presidencia durante la siguiente campaña electoral en nuestro país.

[1] Considerando cotización de 03 de abril de 2025.