Uno de los principios fundamentales de la democracia es que los Gobiernos deben trabajar para el bienestar de sus ciudadanos. Las decisiones políticas no deben tomarse con base en intereses particulares o de la propia clase política, ni dejando de lado a la población en general. Esto tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las personas, especialmente cuando se descuida la inversión en infraestructura, educación, salud, justicia y seguridad. 

El caso peruano es un ejemplo claro de cómo la toma de decisiones suele estar guiada por cálculos políticos antes que por las necesidades de la ciudadanía. En las últimas décadas, el país ha experimentado crecimiento económico, pero esto no se ha traducido en mejoras significativas para todos. Las políticas públicas, a menudo, responden a intereses particulares sin un análisis riguroso de su impacto. Mientras tanto, problemas urgentes como el déficit en infraestructura, la precariedad de la educación y salud públicas, un sistema de justicia lento e impredecible, y la inseguridad ciudadana siguen sin atenderse con convicción. 

El caso de la infraestructura es alarmante. Tenemos aeropuertos y puertos de clase mundial, pero las vías de acceso son un desastre. Año a año batimos récords de exportación, pero los problemas de conectividad nos impiden aprovechar todo nuestro potencial. De ahí la importancia de evaluar seriamente la propuesta de crear un PMO para articular distintas entidades públicas (ministerios y municipalidades) y atender los problemas de conectividad desde una visión de corredores logísticos. Y obsesionarse con la promoción de la inversión privada en el desarrollo y mantenimiento de esta infraestructura. 

Felizmente, el nuevo ministro de Economía y Finanzas tiene esto muy claro. Y su gran labor en ProInversión lo precede. En estos pocos días, los rápidos mensajes dados han sido contundentes. Impulso a la inversión privada, cuidar el déficit fiscal y hacerles frente a propuestas populistas que vengan del Congreso. Todo lo que se pedía de este ministerio. 

Se ve con mucho optimismo lo que se pueda desarrollar junto con los sectores Comercio Exterior y Turismo, y Transportes y Comunicaciones. En momentos de mayor proteccionismo y posibles guerras comerciales, debemos impulsar nuestra política de apertura comercial abriendo más mercados internacionales (Guatemala, El Salvador, Indonesia, India y Emiratos Árabes Unidos están en la mira), consolidar los existentes y atraer mayor inversión extranjera. Para ello necesitamos desarrollar, de la mano con el sector privado, la infraestructura necesaria para aprovechar al máximo lo anterior. 

Cuando los Gobiernos no ponen al ciudadano en el centro de sus políticas, las consecuencias son evidentes: economías menos dinámicas, sociedades más desiguales y un creciente descontento social. La única forma de garantizar un desarrollo sostenible y equitativo es adoptar una visión a largo plazo que priorice el bienestar colectivo. Invertir en infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia no solo mejora la calidad de vida, sino que fortalece la economía y la estabilidad social. 

Es hora de que nuestras autoridades comprendan que su principal responsabilidad es con sus ciudadanos, no con intereses particulares. Si las decisiones políticas siguen estando guiadas por el beneficio inmediato de unos pocos, el verdadero progreso seguirá siendo una promesa incumplida. 

A tomarlo muy en cuenta en las próximas elecciones.