El sector educativo es al que más dinero asigna el Estado, con un presupuesto de S/ 50,048 millones para este año, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, más de la mitad se destina al pago de planilla. La tendencia es creciente en últimos años, pero persisten las deficiencias en la calidad educativa. 

En el sector, el presupuesto asignado para pago al personal y obligaciones sociales asciende a S/ 31,098 millones. En perspectiva, la cifra casi alcanza el presupuesto total para salud (S/ 32,451 millones) y supera a los demás sectores, incluyendo transporte y seguridad pública. Si bien se requieren docentes, preocupa que en 2024 apenas el 23.3% del presupuesto en educación se destinó a proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento.  

La participación de las remuneraciones y obligaciones sociales mantuvo una tendencia al alza en los últimos años, según el Ministerio de Educación (Minedu). Recién a partir de 2021, la asignación a infraestructura y equipamiento empezó a recuperarse. Sin embargo, la adquisición de bienes, servicios y mantenimiento (que se refiere a la inversión en materiales didácticos, libros, equipos informáticos, mobiliario y otros recursos necesarios, así como los gastos recurrentes para la conservación y reparación de edificios, equipos e instalaciones) continúa disminuyendo año tras año, con apenas el 9.5% en 2024. 

Estos recursos crecientes no han mejorado los aprendizajes de manera sostenida. En la prueba PISA 2022, el Perú tan solo promedió 391 puntos en matemáticas (caída desde 400 en 2018) y se ubicó en el puesto 59 de 81 países evaluados, lejos del nivel mínimo aceptable, y de vecinos regionales como Uruguay o Chile. El promedio registrado implica que el 66% de los estudiantes a nivel nacional rindió por debajo las competencias mínimas requeridas. Paralelamente, las evaluaciones nacionales reflejan deficiencias docentes: en 2024, siete de cada diez maestros no alcanzaron el nivel pedagógico mínimo requerido, al reprobar la prueba nacional para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, según el Minedu. 

Estos problemas se relacionan con las políticas de contratación y evaluación docente. La Ley de Reforma Magisterial (LRM) de 2012 instauró concursos públicos para el ingreso y promoción basados en mérito. Sin embargo, en años recientes se han relajado los estándares. En 2024, por ejemplo, el Congreso aprobó la reincorporación de alrededor de 14,000 docentes que habían sido cesados por no cumplir los requisitos legales (ya sea por reprobar las evaluaciones o no contar con título pedagógico). Asimismo, para el concurso de 2024, se eliminó el requisito de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivos de destitución, despido o resolución judicial. 

Esta situación también desconoce la brecha de infraestructura educativa estimada de S/ 158,000 millones, con el 16.2% de colegios en estado crítico a nivel nacional a diciembre de 2024, especialmente en zonas rurales. Además, la limitada autonomía y capacidad administrativa local retrasa proyectos, lo que perpetúa la brecha entre recursos disponibles y obras concluidas. Por ejemplo, en 2024, los Gobiernos locales solo ejecutaron 65.1% del presupuesto asignado de S/ 468 millones, mientras que el Gobierno nacional ejecutó el 95% del suyo, a pesar de solo recibir S/ 371 millones. 

Cómo afrontar los problemas en educación

Para revertir esta tendencia, es necesario retomar estándares internacionales y enfoques basados en evidencia. Es urgente restablecer concursos públicos y evaluaciones rigurosas para acceder a la carrera docente, como estableció originalmente la LRM. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) enfatiza que las pruebas docentes deben reflejar la calidad real de la enseñanza en el aula y proporcionar retroalimentación formativa a los maestros. 

Asimismo, los docentes en servicio requieren capacitación permanente y acompañamiento pedagógico. La Unesco propone concebir la docencia como una carrera colaborativa con desarrollo profesional a lo largo de toda la vida. Esto implica crear mentorías para profesores que recién inician su carrera, comunidades de aprendizaje entre docentes, cursos de actualización y apoyo en el aula. Iniciativas similares en la región, como los sistemas de tutoría en Chile, muestran un efecto positivo en el desempeño de los maestros, y son claves en el rendimiento de sus estudiantes, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El Gobierno debe atender las urgencias del sector: deficiencias en la calidad docente y brecha de infraestructura en locales escolares. Para esto, es fundamental una mejor articulación entre los recursos aprobados y los tres niveles de Gobierno. Por el contrario, mayores transferencias sin atender los problemas de fondo solo limitarán la sostenibilidad de las finanzas públicas.