La Comisión de Protección al Consumidor del Congreso tiene en su despacho los proyectos de ley 5208/2022-CR, 10374/2024-CR y 11132/2024-CR. Estos suponen una amenaza al funcionamiento del sistema de protección al consumidor, a cargo del Indecopi. 

El proyecto de ley 5208/2022-CR (presentado por la congresista Katy Ugarte, no agrupada) propone que el Indecopi otorgue a los denunciantes el 20% de la multa impuesta a la empresa denunciada. Ello, a manera de bonificación por el hecho de interponer una denuncia, sin que pueda ser entendido como una indemnización. 

El establecer este supuesto “beneficio” generaría un incentivo perverso para las personas que busquen emplear el sistema de protección al consumidor para obtener un beneficio económico. Así, se les motivaría a interponer denuncias por cuestiones que pueden resolverse a través de otros mecanismos, como lo son el arbitraje de consumo y la mediación. 

A través del arbitraje de consumo, el consumidor puede obtener una decisión de forma más rápida que en el procedimiento administrativo. Mientras que, a través de la mediación, se logra tener un acuerdo con la empresa proveedora, lo que evita también incurrir en los costos propios del procedimiento administrativo. 

De aprobarse este proyecto de ley, ambos mecanismos (que son gratuitos y administrados por el Indecopi) perderían protagonismo, cuando se deberían impulsar para que los consumidores puedan conocer más sus alcances y beneficios. Además, se generaría el riesgo de que algunas personas se vean incentivadas a actuar con el único interés de redituar a costa del sistema de protección al consumidor, lo cual distorsionaría su finalidad. 

No menor es la afectación que se generaría para el propio Indecopi gracias a esta iniciativa legislativa. El previsible aumento de casos que la autoridad tendría que resolver supone que su personal deba analizar en menor tiempo una mayor cantidad de procedimientos. Sin un aumento en la cantidad de personal técnico capacitado, los órganos de protección al consumidor podrían verse colapsados, con el consecuente impacto en la calidad de servicio que brindan a la ciudadanía. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que la multa que debe pagar el infractor se destina al presupuesto del Indecopi. Reducir dicho monto significaría un impacto negativo en sus recursos. No obstante, la Exposición de Motivos del proyecto señala que esto no afecta los fondos del Estado, con lo que omite esta consecuencia inevitable. 

¿Destinar dinero público para financiar organizaciones privadas en lugar de fortalecer a la propia autoridad?

Los proyectos de ley 10374/2024-CR (presentado por el congresista Idelso García, de Alianza Para el Progreso) y 11132/2024-CR (presentado por el congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular) buscan crear un fondo para financiar a las asociaciones de consumidores. 

El proyecto 10374/2024-CR señala, en un artículo único, que este fondo sería concursable y que servirá para financiar actividades de las asociaciones de protección al consumidor. Para sustentarlo, alega que existen fondos de similar naturaleza en otros países, pero no se ha evaluado la fortaleza institucional de sus autoridades. 

Por su parte, el proyecto 11132/2024-CR también plantea un fondo en beneficio de las asociaciones de consumidores, el cual estaría sostenido (entre otras fuentes, como las donaciones privadas) por aportes previstos en el presupuesto público del Estado. 

Sin embargo, no se ha considerado que la norma vigente ya dispone que un porcentaje de la multa se destinará a aquella asociación de protección al consumidor que interponga la correspondiente denuncia. Es decir, el Indecopi renuncia a parte de su financiamiento (a través del otorgamiento de un porcentaje de la multa que impone) para promover la participación de estas organizaciones, incentivándolas a interponer denuncias, realizar actividades informativas, entre otras. 

De aprobarse ambas iniciativas, se estaría promoviendo que las asociaciones de protección al consumidor no presenten activamente sus denuncias, pues únicamente tendrán que estar constituidas y postular al fondo para obtener financiamiento. Así, se crearía un financiamiento a favor de privados en perjuicio de la propia autoridad. 

Si lo que los legisladores buscan es fortalecer el sistema de protección al consumidor, deben enfocar sus esfuerzos en iniciativas como aumentar el financiamiento para la contratación de mayor personal técnico, a fin de fortalecer los órganos resolutivos del Indecopi; eliminar la calidad de “cargo de confianza” que actualmente tienen las cabezas de las secretarías técnicas de estos órganos; impulsar su autonomía constitucional; y disponer que los cargos de comisionados, vocales y del presidente se convoquen por concurso público. 

Ello resulta importante, pues el Indecopi es una institución cuya autonomía técnica debe reforzarse y defenderse, para evitar capturas políticas que reduzcan su capacidad de respuesta oportuna en beneficio de la ciudadanía.