En 2016, tanto la inversión pública como la privada registraron retrocesos del 0.5% y del 6.1%, respectivamente. Esa tendencia continuó en el primer trimestre de 2017, pues la inversión pública cayó un 16%, mientras la inversión privada disminuyó un 5.6%. En cuanto a inversión pública, el Gobierno central ejecutó un 21% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los Gobiernos regionales ejecutaron un 2% menos. Además, la inversión en asociaciones público privadas (APP) fue nula y las obras por impuestos cayeron un 2%.

Las razones de la incapacidad por revertir esta tendencia pasan, en gran medida, por la paralización de obras a raíz de la emergencia por los desastres ocasionados por El Niño costero y las revelaciones de corrupción. Sin embargo, estos resultados también se explican por la fragilidad del sistema de inversiones heredado del Gobierno anterior, el cual es engorroso, débil y con grandes falencias.

Es así que se hace urgente una reforma del sistema de promoción de inversiones en el país. Se han dado importantes avances en la materia con el lanzamiento del sistema Invierte.pe y con el fortalecimiento de las capacidades de ProInversión, para el impulso de la inversión privada. En esa línea se ha ido trabajando con normativa presentada en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, así como una reestructuración interna de ProInversión y una revisión de la cartera de proyectos. Se han definido nuevos roles de actores en las APP, y se incorporarán estándares internacionales, para migrar así hacia APP de última generación, con procesos simplificados y más transparentes. Para 2017 se cuenta con un portafolio de US$ 4,300 millones (20 proyectos); mientras que para 2018 se tienen 17 proyectos por US$ 10,300 millones.

Sin embargo, es inaudito que algunas leyes presentadas, que resultaban fundamentales para agilizar las inversiones, las cuales son el verdadero motor de crecimiento de la economía peruana, hayan sido derogadas. Este es el caso del decreto legisltivo que creaba el proyecto especial de acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, que buscaba agilizar el proceso de saneamiento y liberación de terrenos previo a una concesión. Es claro que las demoras en los procesos de ejecución de inversiones se dan en gran medida por lo complicado de la entrega de terrenos, pero en lugar de avanzar decidimos mirar hacia atrás.

Vemos así que nuestras autoridades reman en círculos, sin coordinación, sin responsabilidad y con el riesgo de hundir el barco mientras que algunos miran desde la tribuna cómo nuestro país pierde una gran oportunidad, y ponen en riesgo el modelo en el que, claramente, el impulso a las inversiones es fundamental para recuperar el dinamismo de la economía peruana. Una lástima.