Hace unos días se publicó un comunicado firmado por un grupo de personas que advertía que “Petroperú pertenece a los peruanos y seguirá siendo nuestro”. El comunicado mencionaba que “hay quienes quieren pescar en río revuelto y rematar uno de los pocos activos nacionales que nos quedan, propiedad de todos nosotros, propiedad del Estado: Petroperú”. 

Anteriormente, la misma presidenta Boluarte comentaba, ante la renuncia de casi todo el directorio de la empresa estatal, que su Gobierno no privatizaría Petroperú, sino que la reflotaría dada su condición de empresa estratégica. 

Cuando desde algunas voces más proclives a una mayor intervención del Estado en la economía se alude a la necesidad de que asuma la titularidad y ejerza activamente el desarrollo de empresas en determinados sectores, generalmente se hace referencia a su condición de “estratégicos” para el país. 

Y sin duda sectores como el agua, la energía, la minería, la salud y la educación son todos estratégicos, ya que inciden directamente en el desarrollo económico del país y en su capital humano. Pero ¿eso justifica que el Estado ejerza activamente un rol intervencionista en dichas actividades? 

¿Qué es lo estratégico? ¿Qué el sector sea desarrollado por una empresa estatal o que la actividad se desarrolle de la manera más eficiente? ¿Qué resulta más beneficioso para el país y sus ciudadanos? 

La nacionalización del gas en Bolivia aludió a una decisión estratégica para el país. ¿El resultado? No se invirtió en exploración y se quedaron sin gas. Lo mismo sucedió con Venezuela y el petróleo. 

El Perú tiene toda una historia que contar sobre manejo de empresas estatales. La evidencia abunda y es de libre disposición. A manera de ejemplo, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el gobierno militar de Velasco, las pérdidas acumuladas por las empresas públicas ascendieron a US$ 2,481 millones en 1979, un 10% del PBI, lo que obligó al Estado a endeudarse considerablemente, con una deuda pública que alcanzó un 41.3% del PBI, y a emitir más dinero, lo que implicó un crecimiento de la inflación anual del 66.7%. 

No olvidemos que, cuando se pide que el Estado se haga cargo de determinadas empresas, no es que el Estado sea un ente especializado y técnico. Significa que al final sean personas designadas por el Gobierno de turno las que se encarguen del manejo de esas empresas. Y por ello los malos resultados que vemos, salvo muy contadas excepciones. 

Hacer empresa significa invertir capital y asumir el riego de la inversión con el patrimonio propio. Quienes manejan las empresas estatales no disponen de su capital ni asumen riesgos. El capital y los riesgos los asumimos nosotros los contribuyentes. De ahí que no existan los incentivos económicos para emprender una buena gestión empresarial por parte del Estado. 

Por eso es muy importante cumplir con el marco constitucional que dispone el rol subsidiario del Estado en la economía. Es decir, que se permitan empresas estatales, pero ahí donde no exista oferta privada o por ser de evidente interés público. Y claro, con la necesidad de emprender medidas que permitan profesionalizar la gestión de estas empresas, vía designación de personal técnico y especializado, e implementando en la gestión principios de buen gobierno corporativo. 

El costo de oportunidad de alejarse de estos principios es muy grande. Los recursos públicos son limitados y deben ser usados de la mejor forma posible. Más aún con las brechas que se requieren cerrar en salud, educación, seguridad e infraestructura. 

Lo estratégico no es que el Estado desarrolle empresa. Lo estratégico es que el Estado se asegure de que los ciudadanos reciban servicios de la mejor forma. Para ello, el sector privado lo hace infinitamente mejor. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.