En las últimas semanas, hemos sido testigos de hechos que reflejan cómo se ha perdido el principio de autoridad en nuestro país. Un problema que si no se controla será inmanejable y nos sumirá en un profundo caos, multiplicando conflictos “sociales” y creando una seria amenaza para el desarrollo del país y la reducción de la pobreza.

Ya nos hemos pronunciado sobre el terrible manejo de la huelga de transportistas, del daño ocasionado al Oleoducto Norperuano, de la clausura del aeropuerto internacional Jorge Chávez y del Terminal Norte del Puerto del Callao. A esto se suma el nivel crítico de delincuencia y violencia generalizada, que afecta a ciudadanos y turistas por igual, quienes terminan siendo víctimas de la inseguridad ciudadana.

A lo anterior, ahora se suma el débil manejo del conflicto de Las Bambas, agravado por el ataque a un helicóptero con tres ministros de Estado a bordo, lo que claramente constituye un delito y frustra el necesario diálogo y la búsqueda de una solución pacífica. ¿Dónde están los culpables de este hecho? No puede haber impunidad.

El problema de Las Bambas se viene gestando desde hace mucho tiempo. Un conflicto que ha sido muy mal manejado, que evidencia la falta de estrategia e inteligencia para resolver estos casos y, sobre todo, un Estado —con cambios continuos de autoridades— alejado del ciudadano y sin preocuparse por pueblos olvidados que carecen de servicios básicos, como salud y educación de calidad. Es claro que la inversión privada debe cumplir con toda la normativa que se le exija para realizar un proyecto de cualquier naturaleza, y pagar canon y regalías, pero bajo ninguna forma puede suplir la ausencia del Estado.

Así, pues, la solución que se encuentre debe ser compartida entre Estado y empresa privada, pero garantizando siempre la seguridad jurídica y la previsibilidad que evite manejos oportunistas. Por ejemplo, en 2010, se cerró un acuerdo de reasentamiento para crear el nuevo Fuerabamba, pero se implementó recién en 2014, debido a la resistencia de la población y las continuas renegociaciones. Extrañamente, las 140 familias que conformaban la comunidad en 2004 aumentaron a 400 en 2013. Por otro lado, los diversos conflictos y demandas surgidos en los últimos años no han estado relacionados directamente con la operación de la mina, sino con beneficios inmediatos y mejora de la calidad de vida de los pobladores, lo que evidencia una ausencia total del Estado. Como ha mencionado Pablo de la Flor, presidente ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la paralización de Las Bambas representa una pérdida mensual de S/ 30 millones para Fuerabamba y las comunidades aledañas. ¿Qué han hecho las diversas autoridades locales con los miles de soles que ha pagado la empresa? ¿Se han usado en beneficio de la comunidad?

Otro potencial conflicto social es el que se viene gestando en el Cusco, alimentado por congresistas y diversos actores locales con claros intereses particulares, los cuales buscan una revisión del contrato de concesión de PeruRail. ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde el Ejecutivo? Líderes locales ya vienen azuzando a los pobladores, ofreciéndoles beneficios y atentando contra el turismo de la ciudad del Cusco. ¿Qué se espera para actuar?

Recuperar el principio de autoridad debe ser una prioridad.