El crimen organizado está asfixiando a miles de familias peruanas. Los empresarios de todo el país, sean micro, pequeños, medianos o grandes, sufren diariamente bajo el yugo de la extorsión y el sicariato. No solo están en peligro los negocios, sino también las vidas de quienes luchan por el bienestar de sus comunidades y el futuro de sus hijos. ¡Es hora de actuar! 

Las empresas y nuestras fuerzas del orden deben trabajar de la mano en esta lucha por la seguridad y la prosperidad del país. Juntos, podemos generar un frente sólido contra los criminales que buscan destruir nuestra economía y nuestras oportunidades. El sector privado no puede crecer en un ambiente dominado por el miedo. 

Si bien es deber de todos defender el derecho de cada ciudadano a vivir y trabajar en paz, pesa sobre el Gobierno la responsabilidad de hacerlo. En algo que todos podríamos estar de acuerdo es que el único monopolio que debiera existir es el de la fuerza, y es estatal. Una de las principales razones del Gobierno es velar por la seguridad de sus habitantes. 

Necesitamos marcos legales claros y fuertes que no solo respalden a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) en su labor, sino que también aseguren que los criminales sean acusados, procesados y sentenciados de manera rápida y efectiva por la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Sobre los delincuentes debe caer todo el peso de la ley, y las instituciones judiciales deben ser firmes y ejemplares en su sanción. 

Una estrategia disuasiva que sea efectiva implica que exista probabilidad de captura, probabilidad de ser penalizado y severidad de la pena. Según el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), del total de la población penitenciaria —97,000 personas, aproximadamente—, los casos relacionados con los delitos de tenencia ilegal de armas, extorsión y organización criminal equivalen al 1.93%, 1.21% y 1.02%, respectivamente. Porcentajes muy pequeños que reflejarían la poca persecución de estos delitos. 

Por ello, corresponde al Congreso de la República no dilatar más la discusión y aprobar el marco legal que permita perseguir eficazmente los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra, así como el crimen organizado. Este marco legal es fundamental para reforzar el combate contra las mafias que impiden el desarrollo de nuestro país. No podemos permitir que continúe el derramamiento de sangre ni que más negocios sigan cerrando por culpa de los extorsionadores. 

Asimismo, es un deber patriótico fortalecer nuestras instituciones. No basta con nuevas leyes, sino que necesitamos refuerzo institucional. El Gobierno debe asegurar que nuestras FF. AA., la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan los recursos, el marco legal adecuado y las personas más competentes para liderar esta batalla. Estas instituciones son la columna vertebral de la justicia, y deben actuar con valores éticos y morales incuestionables para acabar con la corrupción y la impunidad. Las herramientas digitales, como la inteligencia artificial, pueden ser un gran aliado para configurar mapas del delito. 

Hacemos un llamado a todos los peruanos. El futuro del Perú está en nuestras manos. Necesitamos unirnos como país, respaldar a nuestras fuerzas del orden y exigir que el Congreso y nuestras instituciones actúen con firmeza. El crimen organizado no puede seguir controlando nuestras calles ni nuestras vidas. 

Juntos, podemos vencer a los delincuentes que amenazan la paz y la prosperidad de nuestra nación. Exijamos leyes claras, justicia rápida y un Perú libre de violencia. Por el Perú, por nuestras familias, por la libertad.