Llevamos semanas siendo testigos de una dura huelga de maestros con tinte político y oportunismo, errores del Ejecutivo, violencia, bloqueo de carreteras y un terrible impacto al turismo interno. Es urgente mayor inversión en educación, que se refleje en un aumento de salarios a los maestros, mejoras en infraestructura, mejora de la calidad de la educación y mejoras en alimentación y salud de los estudiantes más pobres. Pero, siempre, el alumno debe ser lo primero.

Se ha llegado a acuerdos, incorporados en el reciente Decreto de Urgencia N.º 011-2017, pero la huelga persiste porque la dirigencia sindical magisterial se opone a la ley vigente en lo que respecta a la permanencia de la carrera docente sujeta a una evaluación de desempeño.

¿Cuáles son los acuerdos? Se adelanta a noviembre el aumento salarial de la escala más baja (S/ 2,000); se dispone de S/ 200 millones para la deuda social del sector; se otorga a maestros contratados CTS, subsidio por luto y sepelio; los maestros nombrados mayores de 55 años tendrán la posibilidad de jubilación anticipada; los profesores y especialistas encargados recibirán asignación por jornada adicional, y se amplía la cobertura de programas de alimentación estudiantil. ¿A qué se oponen? La ley de reforma magisterial ya incorpora el criterio de meritocracia, y por tanto los docentes tienen una evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera. Este último punto es el único que aún no se aplica y al que se oponen algunos dirigentes del magisterio. Es una evaluación en el aula para medir su desempeño y el maestro tiene tres oportunidades (y tres capacitaciones) en tres años para alcanzar un resultado satisfactorio. Si falla en las tres oportunidades, será retirado. Es clara la importancia de una evaluación por desempeño, acompañada de capacitaciones, ya que la calidad del maestro, y de cómo les enseña a sus alumnos, es fundamental para asegurar una mejor calidad de la educación. Los dirigentes proponen que, así falle tres veces esta evaluación de desempeño, el maestro no ascienda, pero no se le despida. Totalmente inaceptable.

Aceptar una propuesta de este tipo significaría discriminar a aquellos alumnos que acceden a colegios públicos, ya que, por la gratuidad de la enseñanza, tendríamos que mantener maestros sin un buen desempeño en el aula, que no son competentes. Aquellos alumnos cuyas familias no cuentan con suficientes recursos para que asistan a un colegio privado estarían condenados a tener malos maestros. Este criterio de meritocracia se aplica en todo el ámbito profesional, el que no sabe desempeñar su labor se tiene que ir. Por ejemplo, en la universidad, el que jala un curso tres veces (“la trica”) es retirado de la misma. El Estado no puede ni debe mantener profesionales, de ningún tipo, que no estén capacitados para hacer su trabajo. ¿Luego serán los médicos?

La huelga evidencia grandes diferencias (e intereses) en la visión de la educación pública en nuestro país; seguramente sin solución muy cercana por visiones tan distintas. Por ello, debemos aplicar la Ley N.º 29898, aprobada en 2007, que declaró la educación básica regular como servicio público “esencial”, disponiéndose que, ante una huelga de los maestros, se cuente con una “reserva” (padrón) de docentes alternos, a fin de garantizar el derecho de los alumnos. ¿Por qué no se aplica? Los Gobiernos regionales (como Arequipa, el único que lo ha anunciado) deben implementar esta ley, porque los alumnos están primero.

Apoyemos las demandas de aquellos maestros que pidan más inversión en infraestructura, mejores colegios, equipos, capacitación y, sobre todo, mayores sueldos, pero para mejores maestros. Y eso pasa por una evaluación de desempeño. Es lo justo.