Prevenir cuesta menos que reconstruir

Cada año, el Perú enfrenta el mismo ciclo: lluvias intensas, desbordes, inundaciones, carreteras colapsadas, puentes destruidos y miles de familias afectadas. Y cuando cesan las lluvias, reaparecen los discursos sobre la escasez de agua y la urgencia de racionamientos. El problema no es la sorpresa. Es la reiteración. 

Sabemos que estos fenómenos ocurren todos los años. No son eventos imprevisibles. Son parte de nuestra realidad geográfica y climática. Sin embargo, seguimos actuando como si fueran excepcionales. La respuesta estatal continúa siendo reactiva: declaratorias de emergencia, transferencias extraordinarias, compras apresuradas y reconstrucciones que muchas veces no resisten la siguiente temporada. 

La prevención no suele generar titulares ni réditos políticos inmediatos, pero es, sin duda, la decisión económica y social más eficiente. Invertir en infraestructura de drenaje, descolmatación de ríos, defensas ribereñas, reservorios, siembra y cosecha de agua, mantenimiento de vías y sistemas de alerta temprana es menos costoso que reconstruir puentes, colegios y centros de salud cada año. Más aún, evita pérdidas humanas y patrimoniales irreparables. 

A ello debe sumarse una política integral de aseguramiento de los activos públicos estratégicos frente a desastres naturales. Carreteras, hospitales, colegios, sistemas de agua y saneamiento, infraestructura energética y logística no pueden seguir dependiendo exclusivamente de partidas de reconstrucción posemergencia. El Estado debe gestionar financieramente el riesgo, utilizando mecanismos de aseguramiento y transferencia que permitan una recuperación más rápida y menos costosa. Cada sol destinado a reconstruir lo que pudo estar protegido es un sol que se deja de invertir en cerrar brechas sociales. 

En setiembre de 2024 se aprobó la Directiva 001-2024-EF/54.01, que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes. Es una primera fase se dispone la identificación de los bienes. No puede demorar más. 

El caso del agua es particularmente ilustrativo. Durante los meses de lluvias, enormes volúmenes de agua se pierden en el mar por falta de infraestructura de almacenamiento. Luego, en época de estiaje, enfrentamos restricciones hídricas y se instala la narrativa de que ciertas actividades productivas —como la agroexportación— serían responsables de la escasez. Se omite que el problema central no es el uso eficiente del agua, sino la incapacidad histórica de gestionarla adecuadamente. 

La agroexportación, por el contrario, ha demostrado ser un motor de desarrollo, formalización y empleo en diversas regiones del país. Culparla de la falta de agua, sin abordar el déficit en infraestructura hídrica, es simplificar un problema estructural. Países con menor disponibilidad natural de recursos hídricos han logrado convertir la escasez en oportunidad mediante planificación, inversión y tecnología. 

Pero la gestión del riesgo no se limita a infraestructura. También exige ordenamiento territorial y cumplimiento efectivo de la normativa. Es indispensable desplegar una campaña informativa sostenida y técnicamente respaldada que garantice la intangibilidad de las quebradas y los cauces naturales. Permitir asentamientos o inversiones que obstruyan zonas de desfogue no solo incrementa el riesgo de desastres, sino que multiplica los costos económicos futuros. La prevención empieza por respetar la geografía. No se puede urbanizar ignorando la dinámica natural del territorio. 

Lo mismo ocurre con las heladas y friajes. Los reportes técnicos alertan cada año sobre las zonas de mayor riesgo. Se conocen los cultivos vulnerables, las poblaciones expuestas y las temporadas críticas. Aun así, la reacción suele limitarse a la entrega tardía de abrigo o ayuda humanitaria, en lugar de priorizar infraestructura térmica en viviendas, seguros agrarios efectivos o sistemas de riego tecnificado. 

El Perú no puede seguir atrapado en el corto plazo. La gestión del riesgo de desastres debe dejar de ser un componente accesorio del presupuesto público y convertirse en una política de Estado transversal, articulada entre niveles de gobierno y acompañada por el sector privado cuando corresponda.