Mucho se habla de la necesidad de promover la incorporación del sector privado en el financiamiento de obras públicas, para así reducir la gran brecha de infraestructura existente. Es por este motivo que existe en el país un marco legal que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas (APP), pero que solo se limita a la promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos, proyectos de investigación aplicada o innovación tecnológica, y la ejecución de proyectos en activos.

Si bien consideramos que los resultados hasta ahora obtenidos con esta modalidad son positivos, creemos que aún existe mucho techo para una mayor participación del sector privado en determinadas áreas de la administración pública, que ayude a fortalecer tanto la gobernanza como la ejecución eficiente de sus recursos.

Así, de una manera coloquial, desde hace un tiempo atrás venimos sosteniendo la necesidad de “extender” esta figura de las APP a la gestión pública. ¿Y qué implica exactamente esto? Permitir una mayor injerencia del sector privado en la dirección y toma de decisiones en aquellas entidades o agencias públicas que tengan un nivel de impacto directo en determinados sectores de la economía.

Experiencias exitosas ya tenemos, y son los casos de PromPerú y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), ambas adscritas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, o de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), adscrita al sector de Transportes y Comunicaciones, que cuentan con consejos directivos público-privados que han permitido una planificación y ejecución eficiente de acciones en materia de turismo, comercio exterior y desarrollo portuario, que inciden directamente en las operaciones del sector privado. ¿Quién mejor que este para compartir con la administración pública las experiencias y dificultades que viven en el día en día de sus negocios? ¿Qué mejor para la administración pública que contar con el apoyo del sector privado, y así mejorar y legitimar sus políticas públicas?

Si extrapolamos esta experiencia a otros sectores, veremos que son muchas las agencias públicas que inciden directamente en ciertas actividades económicas, pero que han demostrado un accionar y experiencia alejados de la dinámica de los sectores bajo su ámbito de competencia.

El caso del sector farmacéutico es notorio. Sin ninguna duda, podemos afirmar que no existe nadie que pueda desmentir que el nivel de la agencia sanitaria en materia de medicamentos (Digemid) se encuentra muy por debajo de lo que el sector necesita. Y ello tiene el agravante de que los obstáculos que esto genera para la comercialización de medicamentos repercuten directamente en la salud de las personas. Así pues, tanto Digemid como la agencia sanitaria en materia de alimentos (Digesa), que sí ha venido mostrando una evidente mejoría en su accionar a través de los últimos años, deberían en primer lugar dejar de ser direcciones de línea del Ministerio de Salud y convertirse en organismos públicos, lo que aseguraría los niveles de autonomía necesarios para garantizar una actuación más eficiente.

Una vez dado este primer paso de reorganización institucional, planteamos la conformación de consejos directivos público-privados en ambas instituciones, para así canalizar las necesidades públicas y privadas hacia un mismo objetivo, en beneficio del país en general.

Esta idea no es nueva, ya se ha dado antes y ha demostrado buenos resultados. Hace unos años, existía dentro del sector agricultura una Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de proponer políticas, estrategias, normas, planes, programas y proyectos nacionales relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, que tenía al Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) como su brazo ejecutor. Pese a la evidente riqueza de recursos forestales y de fauna con los que cuenta el Perú, nunca hemos podido destacar en esta área, por lo que, pensando en el fortalecimiento de la gobernanza en el sector, en 2011 se creó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, que se constituyó en la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre al absorber las competencias de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y del Inrena. Luego de cinco años de este cambio, los resultados saltan a la vista.

Asimismo, un ejemplo más reciente del éxito de una gestión público-privada lo podemos apreciar en las mesas de trabajo creadas por el Ministerio de la Producción en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Si algún consenso generalizado ha conseguido este plan es, precisamente, la labor de estas mesas, en las que públicos y privados se reúnen periódicamente para trabajar en la solución de las trabas que pueden surgir en determinados sectores económicos (forestal, acuícola, agroindustrial, textil, entre muchos otros), y que han conseguido, en muchos casos y en poco tiempo, resultados esperados por años.

Dado lo anterior, ¿por qué no seguir los buenos ejemplos en materia de administración pública? Empecemos por Digesa y Digemid, y después podremos ir incorporando otras entidades, como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que nació con un consejo directivo público-privado, pero que después fue cambiado por una jefatura designada por el ministro de Agricultura.

Corresponderá a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros evaluar el desempeño que vienen teniendo las diversas entidades de la administración pública y lograr la necesaria estandarización, en pos de una gestión pública de primer mundo.