Recientemente, el presidente de la República, Ollanta Humala, señaló que le está dejando a su sucesor la gestión “en azul y [una economía] hacia arriba”. Si bien es cierto que el crecimiento que estima el Fondo Monetario Internacional (FMI) para nuestro país es mayor al promedio sudamericano para este año (3.7% versus -1%), eso no significa que nos encontremos en la mejor situación. El Perú pudo suavizar el impacto, mas no cambiar la tendencia, de los shocks externos, especialmente del precio de nuestras exportaciones de commodities, mediante la intervención monetaria y el (no muy exitoso) aumento del gasto público.

Además, según la misma entidad, los fundamentos internos han afectado las perspectivas económicas en su informe para las Américas. Así, si bien aún somos vulnerables a una desaceleración mayor de China y una caída de los precios de materias primas, existen factores internos que dificultan en mayor medida nuestro repunte. Esto demuestra que quedan grandes reformas por hacer y esa será la labor del próximo Gobierno. En efecto, no todos los ámbitos están en “azul”, solo basta con analizar algunos indicadores para evidenciar que nuestro país más bien está en rojo en muchos de ellos.

Debilidades internas

No atraemos tanta inversión como podríamos, especialmente inversión extranjera directa (IED). Este tipo de inversión se caracteriza por ser de largo plazo y generar mayor acumulación de capital productivo, empleo formal, dinamismo económico, mayores ingresos para el país y estabilidad. Lamentablemente, según el reciente informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la IED en nuestro país ha caído por tercer año consecutivo en 2015, lo que revela que no estamos en “azul” ni mucho menos que somos el primer o segundo país que mayores incentivos brinda para atraerla, como mencionó el presidente Humala. Indudablemente, el camino por recorrer es arduo, ya que se registró una entrada de capitales de US$ 6,861 millones en 2015, lo que representó un retroceso del 13% respecto al año anterior, cuando en América Latina cayó un 9.1% y en el mundo aumentó un 36%. Esta caída se produjo principalmente por el retroceso en los préstamos entre empresas y la reducción de la importancia relativa del sector minero en la entrada de capitales.

Asimismo, la entidad reporta que la rentabilidad de la IED en nuestro país cayó más que en toda la región (del 18% entre 2010 y 2014, al 6% en 2015), lo que sucede normalmente cuando una economía es grande, muy diversificada y competitiva. Este caso no es el nuestro y denota que, muy aparte de los vaivenes de los precios de materias primas, la rentabilidad también está afectada por la estructura productiva y empresarial de los países. De acuerdo con el último reporte de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), ocupamos el puesto 133 (de 140 economías) en cuanto a flexibilidad en las prácticas de contratación y despido. No es una cuestión de ser “proempresa” ni “antitrabajador”, sino que estos altos costos laborales impiden que 11.7 millones de peruanos, quienes laboran informalmente, reciban beneficios sociales como en el sector formal. En tal sentido, urge que se coloque en la agenda pública una flexibilización del mercado laboral peruano conjuntamente con incentivos tributarios a las empresas que brinden capacitación permanente a sus empleados, además de la promoción de educación superior de calidad adaptada a las demandas laborales de los departamentos del país (ver Semanario N.° 823).

Por otra parte, el crecimiento económico y desarrollo del país también dependen en gran medida del consumo, por ende de los ingresos de los peruanos. Por lo tanto, dicho crecimiento no va a ser sostenible si estos no aumentan y para ello es fundamental reducir la pobreza y fortalecer la clase media emergente, según el Banco Mundial. Así, los programas sociales actuales como Juntos o Pensión 65 deberían ser transitorios y centrar el foco de atención en la productividad mediante mejoras en la calidad educativa y programas que ayuden a potenciar el aparato productivo para la inversión (adecuada infraestructura, reducción de costos logísticos, reducir la tramitología, entre otros). De tal modo, nuestra economía será más atractiva, generaremos mayor valor agregado y sentaremos las bases para un crecimiento sostenido menos sensible ante los shocks externos.

Oportunidades

Entre 2000 y 2015, hemos atraído un 18% del monto total acumulado por fusiones y adquisiciones transfronterizas de minería metálica de la región, es decir, ocupamos el tercer lugar después de Brasil (28%) y Chile (22%). Además, según el ranking sobre destinos para invertir en minería elaborado por la consultora Behre Dolbear en 2015, el Perú figuró en sexto lugar a nivel mundial, hecho que evidencia mejoras respecto de años anteriores. Sin embargo, esto se ve amenazado por la alta conflictividad social en el país, especialmente en el sector minero y de hidrocarburos. Resolver esta problemática con adelantos sociales[1] o mayor inversión pública ex ante de un proyecto, por ejemplo, es apremiante.

Somos parte de dos de los bloques comerciales que concentran la mayor parte de la entrada de capitales de IED a nivel global: TPP (34%) y APEC (54%). No aprovechar este potencial sería una completa locura, pero necesitamos resolver los problemas de nuestra propia casa y esperamos que el próximo Gobierno lidere estas reformas. Porque no estamos en “azul”, señor presidente.