En el Semanario N.º 897 advertimos sobre la necesidad de que, al igual que el Ejecutivo cuando se implemente el Decreto Legislativo N.° 1310, el Congreso realice un análisis de impacto a fin de mejorar su calidad normativa, como parte del proceso de formulación de políticas públicas. A partir de la vasta experiencia encontrada en la práctica internacional, aplicada por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desarrollaremos a continuación los elementos básicos que esta metodología contempla, en busca de que las medidas propuestas por nuestros congresistas sean eficientes, es decir, que logren los objetivos trazados al menor costo posible y tengan efectos negativos mínimos, considerando principios como los de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención.

En primer lugar, debemos partir de la necesidad de efectuar este análisis desde el inicio del proceso de evaluación de una norma, toda vez que la utilidad del análisis radica justamente en determinar si finalmente resulta necesario aprobarla, y no para justificarla cuando ya se decidió su aprobación. A manera de ejemplo, la moratoria al ingreso de semillas genéticamente modificadas, vigente en el país, se basó en potenciales afectaciones a la biodiversidad y a la salud humana que han sido claramente rebatidas por la comunidad científica nacional y mundial, por lo que resulta una norma no solo innecesaria, sino que genera altos costos para el país.

Así, el análisis de calidad normativa debe empezar por una clara y precisa identificación del problema que se pretende enfrentar, incluyendo evidencia empírica de su naturaleza y magnitud, así como de las causas que le dieron origen. Esta etapa es crucial para el desarrollo de todo el proceso, ya que una incorrecta delimitación del problema conllevará a diagnósticos y soluciones que no necesariamente serán los más adecuados. En el caso de la norma sobre alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, no se define claramente si el problema a enfrentar es la obesidad, la desnutrición, la malnutrición, la anemia infantil, la asimetría de información o la protección del consumidor, lo que genera muchas inconsistencias en el marco legal aprobado.

Una vez identificado el problema, se debe determinar si es necesaria la intervención del Gobierno para resolverlo. En muchos casos, la autorregulación de los agentes económicos es suficiente para solucionar determinados problemas o ya existen mecanismos en el mismo Estado que permiten lidiar con estos, por lo que la intervención del legislativo puede agravar la situación. Viene a la mente la reciente prohibición del uso de la leche en polvo para la elaboración de la leche evaporada. Si el problema se originó por un asunto de protección al consumidor y de publicidad engañosa, ¿no existe ya un marco legal aplicable que hace totalmente innecesaria la prohibición, dados los costos que esta genera?

La evaluación para determinar la necesidad de la intervención gubernamental debe estar basada en evidencia y contemplar todos los mecanismos alternativos para enfrentar el problema, tanto normativos como no normativos, así como sus beneficios, costos y efectos directos e indirectos.

En caso se decida implementar una propuesta normativa, habrá que asegurar que se encuentre dentro del marco de legalidad (es decir, que no viole normas de mayor jerarquía, que sea consistente con el marco legal vigente y que no viole disposiciones incluidas en tratados internacionales), así como delimitar el nivel de gobierno más apropiado para implementarla. Para ello, se deben diseñar sistemas efectivos de coordinación en caso tengan que intervenir diferentes niveles gubernamentales; en vista de la desconcentración de determinadas competencias que existe en los Gobiernos locales y regionales.

En cuanto al análisis, se deben estimar los costos y beneficios totales de cada propuesta y de todas las alternativas que sean factibles. Asimismo, se deben evaluar también los incentivos y las instituciones a través de las cuales la propuesta normativa se aplicará, y diseñar estrategias que aseguren su mejor uso.

Paralelamente, debe asegurarse que todo el proceso de evaluación y construcción de la propuesta normativa sea abierto y transparente, para lo cual se pondría a disposición del público en general toda la información analizada, y se implementarían procedimientos para recibir y procesar comentarios en forma oportuna, de parte de todos los grupos de interés públicos y privados.

De más está resaltar la necesidad de que el producto final sea comprensible para el común del público objetivo, y así asegurar que el texto y la estructura de la propuesta normativa sean lo más claros posible. De igual forma, con la finalidad de monitorear la efectiva implementación de estas propuestas, se debería efectuar un control ex post que evalúe periódicamente su permanencia, modificación o derogación.

En líneas generales, consideramos que estos deberían ser los componentes básicos que toda propuesta de análisis de impacto normativo debiera contener. En próximas entregas desarrollaremos ideas en torno a su mejor implementación.